Un breve repaso sobre la “pirámide” fiscal ubica a “ganancias e IVA” en la base, pero además, el Estado Nacional cobra el impuesto a los débitos y créditos bancarios, a los activos, sobre intereses pagados, internos, bienes personales, transferencia de inmuebles y derechos de importación y exportación.

Entre los provinciales se destacan Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y las tasas municipales por distinto tipo de servicios, que en un promedio de tres por municipio cobran las 2.200 intendencias que hay en el país.

Algunos tienen nombres raros. Son tasas cobradas por los municipios a las personas y a las empresas por servicios de seguridad industrial, higiene, control del medio ambiente, publicidad, del espacio aéreo, control de las pesas y medidas, inspección sanitaria y de instalaciones eléctricas.

El más polémico y famoso es el que se cobra al ingreso y egreso de mercadería de una provincia a otra o de un municipio a otro. Se la conoce como Tasa de Abasto, aunque en muchos municipios se la disfraza bajo las más disímiles denominaciones.

En Formosa, por ejemplo, se cobra un derecho de registro e inspección que se aplica a todas las actividades. Otro caso es Villa Carlos Paz, donde se grava la fabricación de sustancias químicas y productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico.

En el municipio bonaerense de Tigre pagan tasas las actividades deportivas y de esparcimiento. En Olavarría y Pilar hay una alícuota especial sobre la enseñanza y el transporte mientras que en Ezeiza, el comercio mayorista paga por los comestibles que vende, y los híper y supermercados sufren una alícuota especial si tienen más de 600 m2 de superficie.

En la Argentina, el mapa impositivo tendió unas redes interminables que en la actualidad se transforman en casi 7.000 impuestos, tasas y contribuciones diferentes que cobran la Nación, las provincias y los 2.200 municipios, y que pagan empresas y personas; todo está gravado.

Hay impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre ingresos, la producción, el consumo, las transacciones y el comercio exterior.

Según un trabajo de la Fundación Mediterránea, la estructura impositiva de un país es un factor que afecta la competitividad de las empresas, a través de tres vías: por el nivel de presión tributaria, por las distorsiones al modificar el sistema de precios relativos y por la evasión impositiva que pueda existir (competencia desleal).

La presión fiscal que ejerce el sector público nacional, medida en términos de recaudación, es de 23% del PIB, el porcentaje más elevado de los últimos 11 años. Y aun si se dejaran de lado nuevos impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones y el impuesto a los débitos y créditos, la carga fiscal nacional ascendería al 19% del PIB ($476.000 millones), nivel similar al promedio de los años ’90.

Según la Fundación Mediterránea, si se suma la presión fiscal provincial, la carga conjunta llega al 29% del PIB. Y se estima que los ingresos propios del conjunto de municipios ascenderían a un 1,5% del PIB, totalizando entonces una presión conjunta del 31% del PIB.

Entramado. Los datos miden la presión efectiva, que no constituye la verdadera presión que termina afrontando un contribuyente que paga todos sus impuestos, pues existe un importante porcentaje de la recaudación potencial que se evade.

Si se considera la presión legal nacional, se aprecia que los niveles están por encima de otros países latinoamericanos en impuestos tradicionales. Y hay impuestos que no se cobran en otros países como las retenciones a las exportaciones.

El 80% de los productos que se consumen está gravado con IVA; casi el 40% del monto de una factura de servicios públicos son tributos. Un atado de cigarrillos tiene un 72% de componente fiscal. Ni que hablar el auto: al cargar combustible se tributa un 68% por cada litro. Y si se lo vende también hay un impuesto a las transferencias.

Los fiscos municipales pueden establecerlas en función de los ingresos o de otros parámetros fijos como número de personal, capacidad de fuerza motriz.

Es como lo define el libro Impuesto y pobreza de Antonio Margariti: “El sistema impositivo se ha transformado en un factor de trastorno, una causa de pérdida de seguridad y una falta de aplomo para retener e invertir los excedentes en el país por el temor a ser despojado arbitrariamente por el fisco”. (Fuente: Infobae)