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ESCUELAS PRIVADAS SOLICITAN AL GOBIERNO MÁS SUBSIDIOS

Fecha Publicación: 22/03/2007  08:23  
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- La Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada planteó al Gobierno la necesidad de incrementar los recursos destinados a solventar el funcionamiento de esos institutos de enseñanza, la mayoría confesionales y en manos en su mayor parte de la Iglesia Católica

Actualmente, la provincia destina a Educación unos 1.100 millones de pesos al año (según se desprende del texto del Presupuesto 2007), de los cuales 120 millones se vuelcan al sostenimiento de la educación privada, en un aspecto solamente: el pago de salarios de una parte de los 7 mil docentes que se desempeñan en esos institutos a los cuales acuden 76 mil alumnos.

El principio de subsidiariedad establece que las escuelas privadas asumen el mantenimiento de la infraestructura edilicia y el pago de los servicios, mientras que el Estado se hace cargo de los salarios para los cargos docentes y horas cátedra. Pero a partir de la década de 1990 ese esquema comenzó a hacer aguas: mientras los institutos privados fueron ampliando su oferta, el reconocimiento financiero de los nuevos cargos creados no encontró respaldo financiero estatal, y así las escuelas comenzaron a arrastrar déficit financiero.

El camino que escogieron para equilibrar las cuentas fue apelar a los fondos obtenidos mediante el cobro de cuotas, aunque en el caso de establecimientos ubicados en zonas periféricas esa estrategia no pudo aplicarse.

El último acuerdo salarial que pactó el Gobierno con los sindicatos docentes, y que elevó el mínimo garantizado de 850 a 1.040 pesos, supuso un nuevo ahogo para las finanzas de las escuelas privadas que deben disponer de fondos propios para costear parte del salario de su personal. Frente a esa situación, los institutos privados plantearon al Gobierno la necesidad de readecuar los aranceles a cobrar durante el actual ciclo lectivo.

Aunque en un encuentro con la directora de Enseñanza Privada, Marisa Mazza, observaron que “el aumento de los aranceles sería innecesario si el Estado salda los aportes que adeuda desde hace años”. El tema será el eje central de la asamblea que las escuelas privadas mantendrán el miércoles 28, desde las 9, en la sede del Instituto Cristo Redentor, en Paraná.

Allí, según se anunció, “se debatirán caminos para profundizar el reclamo por la puesta al día del presupuesto estatal destinado a cubrir cargos y horas cátedra, que están pendientes de reconocimiento económico desde hace ya varios años”, de acuerdo a lo que adelantaron voceros de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada de Entre Ríos.

En ese sentido, subrayaron que “se consideró una muy buena noticia la recomposición salarial para los docentes”, pero se insistió en que “no es justo que se deba recargar el arancel que pagan los padres para abonar el nuevo haber de maestros y profesores cuyos cargos y horas el Estado tiene la obligación de cubrir”.

Ya al principio de la actual gestión del gobernador Busti las escuelas privadas habían reclamado una actualización de fondos destinados al pago de salarios que no contaban con respaldo presupuestario Luego de sucesivas gestiones, el Estado amplió las partidas para el pago de salarios a los docentes del sector, aunque voceros de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada han dicho que no ha sido suficiente.

Osvaldo Bodean, titular de la entidad, hizo notar en un reciente encuentro que mantuvo con la directora de Enseñanza Privada del Consejo General de Educación (CGE) que “si el Estado salda su deuda cumpliendo su obligación legal de cubrir la totalidad de la masa salarial de las escuelas creadas con el 100 % de aporte estatal, entonces no sería necesario aumentar aranceles” a los alumnos.

Al respecto, Bodean subrayó que en su origen la cuota que se cobra a los padres en esas escuelas “no tenía por propósito abonar salarios, sino afrontar todos los demás costos de funcionamiento, como el edificio, servicios, equipamiento, libros, mapas, etc. Si en la actualidad el arancel se deriva a sueldos de la planta funcional, se debe pura y exclusivamente a que desde hace años están pendientes reconocimientos económicos del Estado para cargos y horas cuya necesidad de creación oportunamente el propio gobierno respaldó, por considerarlos indispensables para atender a los alumnos”.

Las escuelas públicas de gestión privada absorben el 25 % de la matrícula escolar de Entre Ríos.

En esos institutos los alumnos abonan un arancel cuyos topes máximos están regulados por el Estado.

La última actualización de la cuota fue autorizada en 2005, con vigencia para el ciclo escolar 2006.

Entonces, se fijó topes máximos de aranceles, que en escuelas de nivel inicial y de educación general básica (EGB) I y II ronda entre 35 y 47 pesos las cuotas, y en educación general básica (EGB) III y media-polimodal, va desde los 52 a los 70 pesos.

Los nuevos valores quedaron contenidos en la resolución 4.647 del Consejo de Educación, y entonces se argumentó que la suba se autorizaba en función de los sucesivos aumentos salariales otorgados por el Gobierno a los docentes, por lo cual los apoderados legales de los institutos privados “deben hacer frente a los aumentos en los cargos que no cuentan con aporte estatal como así también a los aportes y contribuciones correspondientes”.

No quieren más tope para las suplencias

Los apoderados de las escuelas públicas de gestión privada reiteraron su desacuerdo hacia el tope impuesto por la provincia en la Ley de Presupuesto para la cobertura de suplencias, fijada en el 8 %. La medida, indicaron, genera un “desfinanciamiento” a las instituciones, “ya que el Estado no envía el aporte para cubrir ausencias avaladas por el régimen de licencias vigente”.

El artículo 13º de la Ley de Presupuesto fijó en 56.414 la planta permanente de cargos y en 239.043 la cantidad de horas cátedra permanente. “Dichas cantidades de cargos y horas cátedra, constituyen los límites máximos financiados por los créditos presupuestarios de la presente Ley. Su habilitación estará supeditada a que se hallen comprendidos en las estructuras organizativas aprobadas o que se aprueben para cada jurisdicción o entidad”, señala la norma.

Además, el artículo 15º establece que “el costo de la planta de personal docente suplente deberá mantenerse como máximo dentro del 8 % del costo del plantel docente permanente aprobado por la presente Ley". (Fuente: El Diario)
  22 de Marzo (Valor Local)


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