Por Aldo Leporati, director de Porter Novelli.

En un conflicto, las partes en controversia son los actores protagónicos. Pero, más allá de ellos, el escenario está definido también por terceros que tienen una participación destacada por su influencia ante la Opinión Pública sugiriendo qué hacer y qué pensar. En muchos casos no solo son referentes, sino que se convierten en “dueños de la verdad”.

En esta situación de “controversia social” aparece la figura de “actores no expertos”, como diferentes grupos de presión y algunos medios que cuestionan e influyen en la decisión de Jueces. Los expertos al ser presionados, pueden tomar decisiones respecto a instalaciones, tecnologías o normativas técnicas que supuestamente implican diferentes riesgos de salud o ambientales, o que también suponen avanzar sobre valores tradicionales o sobre la libertad de elección de los ciudadanos.

Estos cuestionamientos se vieron en los últimos años con muchas inversiones sensibles ante la Opinión Pública que involucran principalmente proyectos mineros, petroleras, antenas de telefonía celular, plantas de celulosa, centrales nucleares, transformadores eléctricos, curtiembres, químicas, metalúrgicas, empresas de biotecnología y laboratorios farmacéuticos, entre otros.

La ley dice que todos tienen derecho a un juicio justo. Esto también se cumple para la reputación de una empresa o sector. Lo legal en muchos casos no resulta legítimo para la Opinión Pública, y ahí hay grises que aclarar.

Frente a este panorama, pocos parecen haberse tomado el trabajo anticipadamente, de ilustrar al público sobre las características específicas de este tipo de proyectos, explicar cómo se puede analizar su beneficios, cuáles son las normas y criterios aplicables, qué diferencias hay por ejemplo entre contaminación y concentraciones por debajo de los niveles de polución, etc.

Difundir una posición en nuestros días es sumamente factible. Hay un cambio en la lógica informativa, donde las redes sociales fluyen a pleno contenido inundando con mensajes, contenidos, y emiten fallos en forma constante. Cualquier persona con un celular puede volcar su opinión en RRSS o foros, de acuerdo a un fin particular, pero accediendo a una audiencia ilimitada. Su consecuencia, formar una opinión que puede afectar la reputación de organizaciones e influir en los resultados finales de una controversia.

La Reputación es un activo que hay que preservar y la comunicación pasó a ser una necesidad estratégica para relacionarse con esos públicos de interés y por lo tanto, se debe previamente establecer una estrategia comunicacional del objeto de conflicto de un modo articulado con la estrategia jurídica y política. Dejar el aspecto comunicacional librado al azar, como una zona liberada para quienes ostentan intereses opuestos a los de nuestra organización, puede equivaler a abdicar sobre los resultados esperados, cuyos efectos exceden la dimensión puramente jurídica.

(Fuente: Linkedin)