Mientras en los tribunales la causa se centró sólo en empleados de la empresa y del banco que aprobó las transacciones en Argentina, acusados de supuesta administración infiel y fraude a los empresarios, una sociedad offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas vincula a parte de la familia Baggio con la intención de movilizar inversiones por la misma suma de dinero bajo investigación, US$7 millones, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En el entorno de la familia Baggio, desmintieron que exista conexión entre la offshore y el desvío de los fondos de la compañía con base en esa ciudad entrerriana, una de las principales procesadoras de jugos de fruta envasados del país y exportadora a 72 países, según el sitio web oficial. Los empleados de la empresa y el banco también negaron las acusaciones ante la Justicia.
El caso
La empresa RPB SA lleva las iniciales de su fundador, Ruffino Pablo Baggio (padre), fallecido en 2005. En enero de 2020, uno de los cuatro hijos de Baggio, llamado igual que su padre y apodado “Pino”, denunció a su hermano Juan Alejandro, presidente de la compañía familiar.
Pino Baggio es accionista mayoritario pero no tiene injerencia en la operatoria de la empresa. Cuando falleció el fundador, las acciones de la empresa familiar pasaron en partes iguales a sus cuatro hijos. La única hija mujer, Celia María Baggio, le vendió su parte a “Pino”, quien se hizo titular del 50%, mientras que Juan Alejandro conservó su 25% y el otro hermano Aníbal, el restante 25%.
Sin embargo, pese a ser el socio mayoritario, “Pino” no dirige la compañía. Su madre, Celia María Munilla (83) conservó el usufructo de la titularidad y eligió a Juan Alejandro para dirigir la empresa. Es el presidente de RPB SA.
Cuando denunció a su hermano Juan Alejandro en 2020, Pino Baggio entendió que podía estar ocurriendo un vaciamiento de la RPB SA y lavado de activos. “Alejandro robó plata de la empresa, hizo algo ilícito, y sacó dinero lícito que era de la empresa y la pasó a una actividad ilícita, o sea plata negra fuera del país”, sostuvo al ratificar su denuncia en sede judicial.
Ante la Justicia, el denunciante enumeró sus sospechas, como “la demora de casi un mes por parte de los miembros del directorio en detectar el fraude, dado que según los dichos de la jefa de Finanzas de la empresa, ella enviaba reportes diarios de los movimientos bancarios a Juan Alejandro Baggio”.
Sin embargo, Juan Alejandro Baggio negó cualquier participación en la maniobra de desvío de casi US$7 millones al exterior. La empresa, bajo su mando, resolvió publicar una solicitada en medios de comunicación en la que denunció una “estafa” contra “parte de la familia Baggio” a partir de la desaparición de los fondos.
La investigación quedó a cargo del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, quien sobreseyó a Alejandro Baggio en octubre del año pasado. La hipótesis a la que arribó el magistrado es que habría ocurrido una presunta defraudación por parte de dos directivos del área de Finanzas de la RPB SA, a quienes procesó.
El dinero salió de Baggio a través de ocho transacciones hacia Hong Kong con la excusa de supuestas facturas y contratos apócrifos. Todo sucedió durante dos semanas en diciembre de 2019. Según el juez, la maniobra habría sido posible por la falta de controles adecuados por parte de dos empleados del Banco Santander, a quienes también procesó.
De acuerdo con los documentos de Pandora Papers, un año antes de que se concretaran las ocho transferencias a Hong Kong, la viuda del fundador de Baggio, Celia María Munilla, aparece en un formulario como beneficiaria final de LSH Global Ltd, una sociedad inscripta en las Islas Vírgenes Británicas.
La firma fue registrada por el estudio Overseas Management Corp (OMC) con el propósito de realizar “inversiones líquidas”, según el formulario de septiembre de 2018. El movimiento de capital previsto para esta offshore en esa fecha era de US$1 millón pero en el casillero de “activos estimados” se anotó US$7 millones. La cifra es casi igual al total de las ocho transferencias realizadas desde Baggio hacia una empresa pantalla en Hong Kong, realizadas un año más tarde, en diciembre de 2019.
Ante el requerimiento del equipo argentino de ICIJ, en el entorno de la familia señalaron que “no existe vinculación alguna” entre “la supuesta información” de la consulta periodística y “el fraude electrónico cometido contra RPB en diciembre de 2019”. Y agregaron que “(por) cualquier información adicional, pueden conectarse con el juzgado interviniente”.
En el formulario de septiembre de 2018 se consignó que LSH Global LTD iba a desarrollar su actividad en Estados Unidos, y el objetivo era operar una cuenta bancaria en el Banco Oppenheimer & Co de Miami. Como origen de los ingresos, se informó “herencia”.
De los documentos también surge que los registros contables iban a ser llevados por el director de Angerona Trust Company LLC, con domicilio en Wyoming. Angerona Group es un proveedor offshore con sede en esa jurisdicción estadounidense que promociona, entre sus servicios, la confidencialidad de las operaciones financieras.
El entramado offshore
La viuda de Baggio es consignada en los documentos como la beneficiaria final de la offshore LSH Global LTD, de Islas Vírgenes Británicas. Pero la compañía no es controlada por la mujer. La accionista de la sociedad es otra compañía, Woodland Assets LLC, registrada en Estados Unidos y con domicilio en el estado de Wyoming. La función de esta compañía es manejar o administrar los bienes de la beneficiaria final a través de un fideicomiso.
El entramado se pone más complejo. En una escritura de ese fideicomiso consta que el beneficiario principal de esos bienes administrados por Woodland Assets es Juan Alejandro Baggio. Como beneficiarios secundarios figuran su esposa y sus cinco hijos, en partes iguales. En el documento, la viuda de Baggio dio su conformidad, con el aval de un abogado de Gualeguaychú que certificó un acta. Es decir, que si bien los activos de la viuda están a nombre de la offshore de Islas Vírgenes Británicas, la mujer cedió a su hijo Juan Alejandro el control y administración de los mismos a través de dicho fideicomiso de Wyoming.
En un tercer documento que forma parte de Pandora Papers, otro abogado de Angerona Trust Company LLC firmó la certificación de los DNI de Alejandro Baggio, así como el pasaporte y DNI de Munilla.
“Las preguntas realizadas en vuestro cuestionario son temas familiares, pero la familia me ha informado que los activos mencionados han sido correctamente declarados ante AFIP”, fue la escueta declaración que hicieron llegar al equipo argentino de ICIJ en el entorno de Alejandro Baggio.
Las transferencias
Las ocho transferencias de dinero bajo investigación fueron por un total de USD 6,8 millones. Ocurrieron entre el 5 y el 16 de diciembre de 2019. Fueron pagadas a la empresa Hong Kong HRJ Trade Limited, que figura como emisora de las facturas apócrifas, según la Justicia. El banco receptor fue el Standard Chartered Bank de Hong Kong.
Cuando los fondos se transfirieron a dicho banco en Asia, el dinero salió inmediatamente en otras 48 transferencias a otras cuentas de segundo y tercer nivel de empresas pantalla en Hong Kong y a más de una docena de firmas de Estados Unidos. Del total, más de US$3,4 millones pasaron por distintos bancos estadounidenses, como el Citibank, el JP Morgan Chase Bank, Bank of America y en U.S. Bank, entre otros.
El 20 de enero de 2020, cuando el banco de Hong Kong recibió el oficio de la Justicia argentina, en la cuenta receptora de los casi US$7 millones apenas quedaban US$6.423.
De acuerdo a los registros corporativos consultados por el equipo argentino de ICIJ, Hong Kong HRJ Trade Limited se abrió en ese país en abril de 2019. Declara como actividad la venta al por mayor de autopartes y accesorios de vehículos, y su único accionista es el ciudadano chino Chen Zhijie.
Los supuestos pagos en dólares a esta firma en Hong Kong fueron concretados por la entonces jefa de Finanzas de la empresa de los Baggio, luego de recibir un mail desde una supuesta casilla personal de Juan Alejandro Baggio, que no era la casilla institucional de la empresa que usualmente utilizaba como presidente. En ese correo le pedía absoluta reserva y le decía que debía hacer una serie de transferencias por unas facturas que le enviaría un supuesto consultor de la firma de auditoría KPMG, Adrián Clamp, para adquirir una sociedad extranjera radicada en Asia.
La ejecutiva, si bien tenía más de 20 años en la empresa, no era la persona encargada de esos pagos al exterior. Por eso debió recurrir a otra empleada que solía dedicarse a este tipo de operaciones, quien le advirtió que el Banco Santander iba a rechazar esos pagos porque las facturas por los supuestos “servicios” prestados estaban mal confeccionadas y eran imprecisas.
Como supuesto respaldo documental del pago de esas facturas truchas, el “Sr Clamp” le había enviado a la ejecutiva un “acuerdo de adquisición” entre Hong Kong HRJ Trade Limited y RPB SA, fechado el 6 de diciembre de 2019; y un contrato de prestación de servicios por parte de Fengxu Trading Co Limited a empresa de los Baggio, del 19 de ese mismo mes. Estos contratos sólo incluían como concepto “merchandise payment”.
«No hay pruebas para incriminarlos y por eso presentamos una queja en (la Cámara de) Casación. Estamos tranquilos de que se cumplieron con los controles.Banco Santander» — Sobre los empleados bancarios acusados en la Justicia.
Las ocho transferencias fueron en montos de entre US$487.081 y US$990.655 y fueron aprobadas por el Banco Santander en Argentina. Una novena transferencia despertó sospechas. La coordinadora de Negocio Internacional de la entidad bancaria, recién llegada de vacaciones, la rechazó y le reclamó a la jefa de Finanzas un contrato respaldatorio de las operaciones. Al comprobar que la documentación era “insuficiente”, la ejecutiva bancaria decidió llamar a Juan Alejandro Baggio para advertirle de estos pagos al exterior.
El presidente de los jugos Baggio aseguró en sede judicial que no estaba al tanto de esos movimientos de fondos al exterior. Y relató que se comunicó con la jefa de Finanzas para consultarla sobre esos pagos apenas se enteró por el banco. Según declaró, él nunca los había ordenado y afirmó que la casilla de correo desde donde salieron las supuestas directivas no era suya.
Juan Alejandro Baggio también afirmó que se comunicó luego con el Santander para tratar de revertir las transferencias y anular las pendientes. Aseguró, además, que viajó a Buenos Aires para contactar a un estudio de abogados e intentar recuperar el dinero. Pero los US$7 millones ya no estaban en la cuenta en el Standard Chartered Bank de Hong Kong que había recibido originalmente los fondos.
Hermanos enfrentados
En su denuncia, Pino Baggio advirtió que en la empresa de su familia “se le retaceó información acerca de lo ocurrido”. También que le “llamó la atención” que “no se haya detectado que las facturas que justificaban las salidas hayan sido apócrifas; que nada se haya dicho sobre si el Banco Santander y/o la empresa RPB SA practicaron las retenciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias por servicios de auditoría o similares”; y que Juan Alejandro Baggio “no haya efectuado reclamo alguno ante el Banco Santander”.
Sin embargo, su hermano aseguró ante la Justicia estar sorprendido de que el banco hubiera aprobado las transferencias por casi US$7 millones, “sumas no habituales para la empresa”, y que “no hayan consultado a ningún directivo o superior por el monto”, especialmente teniendo en cuenta que las facturas se referían a “gastos de merchandising”. También dijo que le llamó la atención que “estando en pleno período de restricción cambiaria, se aprobara de parte del banco, estos ocho giros de esta abultada suma, pasando los controles del Banco Central que siempre exige por montos menores, un montón de documentación” y que “en este caso no pidió nada”.
El juez Viri finalmente sobreseyó a Alejandro Baggio por considerarlo ajeno a la maniobra de fraude en perjuicio de la empresa, y procesó a la entonces jefa de Finanzas y al entonces gerente financiero de la empresa, quien ya se había reintegrado de sus vacaciones cuando se realizó la octava transferencia desde RPB SA a Hong Kong. También dispuso el procesamiento de dos empleados del Santander por no haber efectuado los controles requeridos. Estas decisiones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Paraná. Todos ellos negaron haber sido partícipes de la supuesta estafa.
Desde el Santander le dijeron al equipo argentino de ICIJ que los dos empleados procesados “obraron de acuerdo a la ley” y que “en ningún momento se violó el protocolo”. “No hay pruebas para incriminarlos y por eso presentamos una queja en (la Cámara de) Casación. Estamos tranquilos de que se cumplieron con los controles”, informó la entidad bancaria.
La Justicia de Entre Ríos, sin embargo, aún no pudo detectar al eventual autor o autores de la operación por la cual se habría cometido la “estafa” contra RPB SA. No se determinó quién o quiénes crearon las casillas del e-mail a nombre de Juan Alejandro Baggio para ordenar las transferencias y para enviar los correos falsos con las facturas y los contratos apócrifos. Tampoco quién o quiénes transfirieron los fondos recibidos desde la empresa argentina en Hong Kong hacia otras cuentas en esa jurisdicción y Estados Unidos.
Debido a que más de la mitad del dinero terminó en bancos de ese país, RPB SA presentó una demanda en mayo del año pasado en los Tribunales de California, a los fines de intentar recuperar ese dinero.
La coincidencia de la cifra de US$7 millones no es la única en esta historia. En Hong Kong existe otra firma de idéntico nombre a la offshore de la viuda de Baggio registrada en las Islas Vírgenes: LSH GLOBAL LTD. Pero esta sociedad homónima de Hong Kong habría sido creada en 1983. Según su sitio web, se dedica a la fabricación y venta de productos eco sustentables y biodegradables de merchandising.
(Fuente: El Diario)
