La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) solicitó el rechazo del pedido de una medida cautelar del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE) para suspender la resolución del fisco sobre el régimen de planificaciones fiscales.

La resolución general 4838/2020 establece un régimen de información de planificaciones fiscales (IPF), a cargo de contribuyentes y de asesores fiscales (personas físicas, jurídicas y entidades que asistan y asesoren sobre la implementación de la planificación fiscal).

En diciembre, el CPCE había pedido originalmente la suspensión de la resolución de la Afip, lo cual no prosperó. Días atrás, el CPCE demandó a la Afip y solicitó al juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro, el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda la resolución hasta que haya una sentencia definitiva.

En un extenso escrito, la Afip respondió que los argumentos desplegados por el CPCE son los mismos que empleó para pedir la primera cautelar y pidió que sean rechazados.

El fisco insistió en que la resolución 4.838 establece la obligatoriedad de informar planificaciones fiscales. “El mero deber de informar no implica ningún gravamen tributario, ni modificación al régimen fiscal, ni repercute en el pago de impuestos. No implica, de por sí, carga tributaria ni imposición de gravamen alguno”, indicó.

Y sostuvo que “la decisión de establecer un deber colaborativo es una legítima atribución del Poder Ejecutivo, siendo la Afip el organismo competente para su dictado”.

Sostuvo, citando un fallo de la Corte Suprema, que la Afip “no persigue sino reunir un conjunto de datos (…) para el cabal cumplimiento de las tareas legales a ella encomendadas, y cuyo requerimiento (…)  en modo alguno puede considerarse como una transgresión de derechos amparados por la Constitución Nacional”.

Luego señaló que el CPCE “no expone ni acredita un caso concreto que implique vulneración a derechos constitucionales, pues no es eso lo que pretende, ni tiene posibilidad de hacerlo por no ser  parte afectada”.

Por esa razón, el organismo nacional consideró que el juez debe rechazar el dictado de la cautelar, ya que el CPCE no se refirió a un caso puntual afectado. Al respecto, entendió que, “atendiendo la naturaleza de los derechos en juego y no existiendo”, a su juicio, “acreditación de daño concreto a un derecho subjetivo, corresponde confirmar que no existe causa o controversia justiciable”. (Fuente: La Voz)