Para la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) el nuevo plan de facilidades difundido como Puente Fiscal, “resulta tardío e insuficiente, con altos costos y plazos que no alcanzarán para resolver la situación de emergencia fiscal que atraviesan miles de micro, pequeñas y medianas empresas”
Así lo hizo saber la entidad en un comunicado, en el que también recordó que se habían reclamado “reiteradamente a las autoridades medidas que facilitasen la regularización de las deudas devengadas con posterioridad al vencimiento de aquellas que permitía incluir la moratoria de la ley 27.260”.
El pedido fue también por “deudas generadas por la superposición de los vencimientos regulares de las obligaciones mensuales con las cuotas del plan de pagos de largo plazo. A este perjuicio se sumaban las restricciones impuestas por la RG 3827 de los planes permanentes, en un contexto de profunda recesión y con el consiguiente su impacto sobre la liquidez y la rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Entiende además que el stock de nueva deuda generada tras la moratoria de alrededor de 30.000 millones de pesos (unos 1.666 millones de u$s a $ 18), reconocido por las autoridades de AFIP, “resulta de la falta de respuesta del Gobierno a los reclamos realizados, junto con la necesidad de declarar el estado de emergencia de las Mipymes, y de no haber tomado a tiempo las medidas contracíclicas pertinentes”.
“La actual medida se dirige a regularizar deudas tributarias y seguridad social vencidas entre el 1/06/2016 y el 31/05/2017, con planes de 12 a 24 cuotas, sin reducción de intereses resarcitorios o punitorios y/o multas a la fecha de consolidación del plan, y con una tasa financiera cuyo nivel será establecido por el nivel de tasas activas del Banco Nación (plazos fijos), más recargos del 2% al 6% para las Pymes, o sea entre un 21% y un 25% anual al día de hoy (según la fecha de acogimiento, que regirá entre el 01/08/17 y el 31/10/2017)”, explica la entidad.
Y agrega: “El anticipo mínimo será de $ 1.000, y no podrá ser menor al 5% o el 10% de la deuda consolidada, según el grado de riesgo establecido por el SIPER. Se incluyen deudas en proceso de discusión administrativa o judicial y los punitorios se incluirán en el anticipo. El SIPER -evaluación del grado de riesgo de cada contribuyente- será utilizado con la misma lógica del “riesgo país”, lo que llevará al aumento de las tasas de financiación. Esto significa persistir en la implementación de medidas procíclicas, es decir pro-recesivas. En la misma dirección va la exclusión del plan de facilidades de las Pymes acogidas a los planes de diferimiento del vencimiento por 60 días del IVA. Esto es difícil de comprender, ya que se damnifica precisamente a las empresas más débiles”.
Apyme alertó al Gobierno que “de no modificarse estas orientaciones, en el corto plazo se volverán a producir “bolsones” de deuda tributaria vinculadas a una política de ajustes tarifarios, descontrol del dólar, crecimiento de la inflación, achicamiento del mercado interno y apertura a las importaciones, que está destruyendo a las Mipymes y la industria nacional. Es preciso evitar una nueva “crónica de problemas anunciados” que costarán más cierres de empresas y pérdida de empleos en todo el país”. (Fuente: APF)
02 de Agosto (Valor Local)