La empresa aceitera Buyatti envió ayer 73 telegramas de despido a trabajadores que se desempeñaban en la planta procesadora de Puerto General San Martín, luego de que el Ministerio de Trabajo de la provincia firmara el cierre del procedimiento preventivo de crisis que se había iniciado sobre fines del año pasado.

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) del departamento San Lorenzo rechazó el argumento de la compañía que argumenta una situación de crisis y pidió el respaldo político para lograr conservar los puestos de trabajo.

En ese marco, los dirigentes sindicales encabezados por el secretario general, Pablo Reguera, se reunieron ayer en la sede gremial con las diputadas y diputados provinciales Lucila De Ponti, Matilde Bruera, Leandro Busatto, Carlos del Frade y Fabián Palo Oliver, quienes se comprometieron a respaldar a los trabajadores en este conflicto.

Reguera denunció que desde hace semanas desde el gremio vienen rechazando la posición de la empresa de exhibir una supuesta crisis para justificar el pago del 50% de las indemnizaciones a los despedidos y también recordó que la compañía viene ofreciendo retiros voluntarios, los cuales tanto el sindicato considera como “despidos encubiertos”.

“Buyatti, integrante de la familia Vicentin, es un grupo de empresas radicadas en Santa Fe y Chaco, entre otros lugares y, al igual que Vicentin, simula una crisis para deprenderse de 73 trabajadores, gracias a que el Ministerio de Trabajo provincial cerró el procedimiento de crisis y en menos de 24 horas llegaron los telegramas a personas con treinta años de antigüedad o enfermas a las que les corta la obra social”, denunció Del Frade y señaló que “la crisis del grupo Buyatti es mentira y simula el proceso de vaciamiento que se generó con Vicentin” y agregó que esto es así porque “entre las familias Buyatti, Nardelli, Padoán y Vicentin, que suman 129 personas, concentran 630 millones de dólares”.

“Condenamos el vaciamiento y la fuga que se llevó adelante durante la gestión de Macri y ratificamos nuestro compromiso y el de nuestras autoridades nacionales, provinciales y locales de defender estas fuentes de trabajo”, dijo Busatto en su cuenta de Twitter luego de la reunión y manifestó el “apoyo” al “reclamo legítimo, legal y urgente”.

Al tiempo que la legisladora Matilde Bruera, coincidió con del Frade en que “esto se produce en el marco de lo ocurrido en la empresa Vicentin, pero se repite en muchas empresas: el vaciamiento, la creación de empresas paralelas, mecanismos para remitir las ganancias en otros destinos y el no pagar y no cumplir con los trabajadores”. (Fuente: La Capital)