Las cuentas públicas provinciales cerraron el primer semestre de 2021 con un superávit financiero de 13.000 millones pesos. Este resultado positivo se explica por una fuerte licuación del gasto primario debido a la inflación, en especial en salarios, jubilaciones y bienes y servicios. El gasto se redujo en términos reales un 14% con respecto al mismo periodo de 2019 mientras que los ingresos disminuyeron apenas un 2%. La situación excedentaria, sin embargo, es transitoria.

El ejercicio 2020 fue atípico debido a la pandemia, por eso el análisis del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario realiza la comparación con el año 2019. Todos los cálculos del informe se realizan en términos reales, con los valores de junio de 2021 como referencia.

El superávit primario — sin tener en cuenta el pago de intereses— fue de 18.000 millones de pesos. Un valor 16 veces mayor que en el primer semestre de 2019, en términos reales. Este resultado extraordinario se debe fundamentalmente a una caída en el gasto público.

Las mayores bajas con respecto a 2019 se dieron en el concepto compra de bienes y servicios y otros corrientes. Estos ahorros operativos son consecuencia de que una parte de los empleados públicos no asistieron a los lugares de trabajo. Los dos gastos más importantes del Estado provincial, los salarios y la seguridad social, tuvieron una fuerte disminución en términos reales, de 16% y 11% respectivamente.

Este ahorro se produjo a pesar de que el número de empleados estatales se incrementó y se debe a que los haberes de los trabajadores y jubilados del sector público aumentaron menos que la inflación, por lo que perdieron poder adquisitivo. La inversión pública real directa se contrajo un 26% en términos reales con respecto a 2019 y es otro factor que explica el superávit del primer semestre de este año.

Los intereses de deuda merecen un análisis aparte. En el primer semestre de 2021 este concepto aumentó un 47% en términos reales con respecto a 2019. El incremento se debe a que el gobierno provincial postergó el pago de intereses tanto en 2019 como en 2020 y, por lo tanto, en esos periodos no se computaron gastos en este concepto. Entre Ríos finalmente reestructuró su deuda en dólares.

Recursos

El 70% de los recursos del Estado provincial provienen del cobro de impuestos. Un 51% corresponde a la recaudación de tributos nacionales que se giran automáticamente por coparticipación y un 19% a impuestos provinciales. Los aportes a la seguridad social representaron el 16% de los recursos de la provincia y las transferencias nacionales, un 4%.

Los ingresos por coparticipación federal aumentaron levemente con respecto a 2019, en términos reales, mientras que los impuestos de la provincia disminuyeron. Vale subrayar que el aumento en la coparticipación es el resultado de una mayor presión tributaria nacional. Las transferencias nacionales fueron un 3% superiores a las de 2019. Este concepto había aumentado con fuerza en 2020, cuando el Estado nacional envió más del doble de aportes discrecionales a la provincia en el contexto de la pandemia. El envío de fondos disminuyó sensiblemente este año hasta un nivel similar al de 2019.

Los recursos que se obtienen por seguridad social se redujeron en un 11% con respecto a 2019. Estos ingresos están vinculados a los salarios del sector público, por lo que esta caída es el reflejo del ajuste de los mismos por debajo de la inflación.

El principal tributo que cobra la provincia es Ingresos Brutos y aumentó un 1% en términos reales con respecto a 2019. La mayor suba en la recaudación se produjo en el convenio multilateral, es decir, lo que el gobierno cobra a las empresas externas a la provincia por comerciar en el territorio entrerriano y las radicadas en Entre Ríos que están inscritas en este régimen porque venden en otras jurisdicciones. También aumentaron el impuesto a los sellos, que está vinculado con la actividad comercial, y el concepto “otros”, donde se imputan los impuestos a las profesiones liberales.

En el grupo de impuestos que presentan menor recaudación con relación a 2019 en términos reales se encuentran los que gravan los bienes de capital y propiedad (automotor e inmobiliario) y el impuesto al trabajo formal, que es el que más se redujo. La recaudación por la ley 4035 se desplomó un 36% con respecto a 2019 y esto se debe por la caída tanto del número de asalariados formales del sector privado como del poder adquisitivo de sus ingresos.

Conclusión del informe

El excedente extraordinario del primer semestre de 2021 en las cuentas públicas se debe a la licuación por inflación de los salarios públicos y el gasto en seguridad social, el ahorro operativo producto del aislamiento de los empleados públicos y la caída en términos reales del gasto en obra pública.

Como se observa en la enumeración de estos factores, la situación superavitaria es transitoria. Cuando se recupere el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones y a medida que los empleados públicos vuelvan a las oficinas, el excedente desaparecerá. Por otra parte, existe el riesgo de un incremento en el pago de intereses en los próximos años, dado que la deuda está vinculada al tipo de cambio. La única variable de ajuste en el futuro, por lo tanto, será la obra pública, que ya se encuentra en niveles mínimos, con todas las consecuencias negativas que esto acarrea.

(Fuente: CEER)