La medida vence el 31 de enero y establece, entre otras cuestiones, la suspensión de desalojos, prórroga de contratos y congelamientos de precios a raíz de la crisis de la pandemia.

Más de veinte asociaciones de inquilinos e inquilinas de todo el país -entre ellas la de Rosario- solicitaron al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que se extienda la vigencia del decreto 320/2020, a través del cual se declaró la emergencia en el sector a raíz de la pandemia y se estableció, entre otras cuestiones, la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos y el congelamiento de los precios.

El decreto, fechado en marzo del año pasado con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020, fue prorrogado hasta el 31 de enero de este año.

El pedido cuenta con más de 200 adhesiones de legisladores nacionales, provinciales, municipales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, asociaciones de defensa del consumidor, fundaciones, centros culturales, centros de estudios, organizaciones feministas y movimientos territoriales.

En el mismo se plantea al Ejecutivo que tenga en cuenta “la acuciante situación que viven millones de inquilinos, que han sido duramente afectados por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia Covid-19, que está significando pérdida de fuentes laborales, disminución de ingresos y un creciente endeudamiento”.

“Vemos con preocupación que estamos a poco más de un mes de la finalización de la vigencia del decreto, y la situación de los inquilinos e inquilinas se sigue agravando, sin que tengamos certezas acerca de una nueva prórroga o de políticas públicas que respondan a estas problemáticas”, manifiestan.

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“El panorama actual señala que existen 1,5 millones de hogares con deudas, de las cuales el promedio es de 150 mil pesos, llegando a sectores que adeudaron más de 250 mil. A esto, se suma que un 70% posee deudas en materia de servicios”, apuntan en el comunicado.

También reivindican las resoluciones del gobierno nacional, establecidas en el decreto 320/2020, que “estableció un piso para defender los derechos de los inquilinos e inquilinas. Sin embargo, no dejamos nunca de manifestar la urgente necesidad de avanzar en la elaboración y ejecución de políticas públicas que comiencen a dar respuesta a los problemas de fondo de los inquilinos, producto de años de indefensión frente a la lógica especulativa del mercado, y agravados por esta pandemia”.

Por otra parte, señalan que “la experiencia de estos meses, que ha demostrado que el decreto es beneficioso para millones de familias, también nos demostró que su plena y estricta implementación requiere de un órgano de aplicación, ya que nos consta que el acatamiento de esta norma ha sido parcial”.

En el comunicado también señalan que vienen “solicitando sin éxito audiencia con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat para poder compartir estas preocupaciones y propuestas de trabajo” y frente a eso “esperamos tener una pronta respuesta ya que la situación de millones de personas se agrava día a día y exige urgentes respuestas”.

El comunicado fue firmado por: Inquilinos Córdoba, Asociación de Inquilinos Rosario, Inquilinxs Santa Fe, Inquilinxs Santiago del Estero, Inquilinos Tucumán, Asociación Inquilinos/as de Mendoza, Unión Inquilinos Salta, Inquilinos Lomas de Zamora, Alquiler Justo Lanús, Inquilinos Unidos Vicente López, Frente de Inquilinos de Morón, Inquilinos Avellaneda, Inquilinos de Quilmes, Inquilines Mar del Plata, Inquilinxs Tres de Febrero, Asociación Platense de Inquilines, Inquilinos Entre Ríos, Inquilinos Jujuy, Unión de Inquilinos de Río Negro, Inquilinos x Nuestros Derechos Caba, Unión de Inquilinos de Buenos Aires, Protección de Inquilinos Ushuaia e Inquilinos San Martín. (Fuente: La Capital)