Por Juan A. Bracco

9 de Diciembre (Valor Local) – Hasta el momento, hay sobre la mesa dos propuestas para reformular la deuda por 500 millones de dólares que tomó la administración de Gustavo Bordet en 2017. Por un lado está la primera oferta que hizo el Gobierno provincial, con baja de intereses y extensión de los vencimientos de capital. Por el otro, la del grupo de bonistas que representa White & Case LLP que da aire a las actuales autoridades para terminar su mandato, pero que deja en jaque a la administración siguiente. En ambos escenarios, al final de cuentas se habrán pagado casi dos dólares por cada uno que ingresó.

El primer escollo de las negociaciones es qué hacer con los u$s 21.875.000 de intereses que vencieron el 8 de agosto y que el Estado provincial no pagó. Por ese incumplimiento, Entre Ríos fue declarado en default por varias consultoras internacionales.

La idea del Gobierno es capitalizarla, es decir agregar esa suma a los 500 millones de dólares que debe, reconociendo un interés del 3% lo que llevaría el stock final de la deuda a u$s 522.531.250.

La propuesta de los bonistas es totalmente diferente: pretenden que se pague en efectivo en febrero del próximo año.

Este es, sin embargo, el drama menor de la administración Bordet para enfrentar la tormenta. A los problemas financieros que tiene la Provincia, hay que sumar un escenario donde los dólares escasean por la renuencia de los exportadores a liquidar sus divisas esperando una devaluación. Además, y pese a los esfuerzos del Ministerio de Economía y del Banco Central, la merma de reservas internacionales decae pero continúa.

· La oferta oficial

Cuando Entre Ríos, impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, salió al mercado internacional a buscar dólares para financiar sus gastos, emitió un bono denominado ERF25. Por ese título se comprometió a pagar intereses anuales por u$s 43 millones desde 2018 hasta 2025 (tasa del 8,75%) y además estipuló que devolvería el capital de 500 millones de dólares en tres cuotas anuales de unos u$s 166 millones a partir de 2023. Al momento de la promesa, el entonces Ministro de Economía Alfonso de Prat Gay había previsto para 2020 un dólar a $ 23.

De este esquema rígido, que implotó con la devaluación acelerada del peso en los últimos meses de Macri, es de donde se pretende salir.

La oferta que hizo la Administración Bordet, asesorada por el HSBC, es reducir los intereses a cero durante 2021 (por lo que no tendría que hacer ningún desembolso el próximo año) e ir recomponiéndolos a partir de 2022 hasta el 2025, llevándolos desde el 3% en el primer año hasta el 5% en el último, tasa que se mantendría hasta el 2031 cuando se cancelaría el préstamo.

En paralelo, habría una prórroga en la amortización de capital que no comenzaría en 2023 sino en 2025 y que no se concretaría en 3 cuotas anuales sino en 12 semestrales, la última de las cuales debería atenderse en febrero de 2031.

La iniciativa del Gobierno baja sensiblemente las erogaciones que debería afrontar Bordet hasta su salida de la Casa Gris: serían sólo u$s 15,7 millones en 2022 y u$s 18,2 millones en 2023. El primer año de quien lo suceda también sería aliviado: u$s 23,5 millones en 2024. El problema comenzaría en 2025, cuando se llegue al tope en el interés que reconocería la Provincia y comiencen las amortizaciones de capital. Las erogaciones anuales en materia de deuda dolarizada se irían a u$s 69,6 millones ese año y saltarían a u$s 113 millones (vencimientos de capital + intereses) entre 2026 y 2030. Un último tramo llegaría en 2031, con vencimientos de capital e intereses por 69,6 millones de dólares que cerrarían esta historia.

Cabe señalar que el domingo 22 de noviembre el Gobierno de Entre Ríos a través de su sitio web emitió una noticia que no contenía un sólo número pese a que el período de confidencialidad había prescripto, indicando que había hecho una propuesta a los acreedores y que tenía voluntad de negociar. Tampoco hubo respuestas de las autoridades a las consultas que hizo este sitio sobre el esquema de la oferta que se detalló en los párrafos anteriores y que se detalla en el gráfico que se encuentra más adelante.

· Contrapropuesta

White & Case LLP es una firma legal con alcance global y que en nuestro país representa también intereses de acreedores de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Según afirma, el comité de bondholders de deuda entrerriana que representa tiene el 60% del total de los títulos emitidos en 2017, lo que le daría capacidad de veto a cualquier reformulación que no sea de su agrado, debido a que la cláusula de acción colectiva (que obliga a todos los acreedores a aceptar lo que eligió la mayoría) de los ERF25 requiere una anuencia del 75%.

La contrapropuesta que hicieron pública implica cambiar los papeles 2025 por otros con vencimiento 2027. Esto traería aparejado una baja del interés al 5% durante dos años (2021 y 2022) pero a partir del 2023 subirían nuevamente a la tasa anterior del 8,75%. Si bien prolonga la amortización de capital de 3 a 5 años, mantiene el 2023 como año para comenzar a devolver el préstamo. Ni en los intereses ni en la devolución de capital da respiro al Estado provincial ya que los pagos deberían comenzar el año próximo.

En 2021, la oferta de White & Case LLP establece que tienen que abonarse en febrero y en agosto dos cuotas de intereses de 12,5 millones de dólares cada una. En la primera, además, deberían sumarse los intereses de agosto 2020 impagos, por lo que el primer año las erogaciones totales sumarían u$s 46,8 millones.

En 2022 habría un ligero alivio, ya que solo vencerían dos cuotas de intereses por un total de 25 millones de dólares. El salto se registra en 2023, cuando los vencimientos acumularían intereses (u$s 43,7 millones) y dos cuotas de capital ( u$s111 millones ) llevando el global de erogaciones de deuda a casi u$s 155 millones. El ERF25 preveía en ese año pagos por interés y amortizaciones por un total de u$s 210 millones.

El escenario de 2023 se repetiría hasta 2026, según la propuesta. En febrero de 2027, el Gobierno provincial debería cancelar la última cuota de intereses y de capital, sumando vencimientos por u$s 77,4 millones.

· A futuro

Tres variables serán fundamentales más allá del número y las condiciones finales que se establezcan en la renegociación.

La primera es la disponibilidad de dólares, un facto que ha condicionado desde hace décadas a la Argentina.

La segunda está atada a la primera: cuántos pesos se necesitarán para comprar el billete verde. Es que Entre Ríos tiene ingresos en moneda nacional, tanto de coparticipación como de recaudación propia, y por lo tanto deberá golpear las puertas del Banco Central para acceder a divisas.

Un tercer factor aparece con el mismo grado de preocupación: cuál será el excedente del que dispondrá la Provincia para atender sus compromisos externos, ya que sus presupuestos anuales no dejan margen para nada más allá del pago de salarios y los gastos corrientes de funcionamiento del Estado.

Tal vez la intervención de la Nación para pesificar el compromiso pueda ser una salida deseable, pero es algo difuso no tanto por la deuda entrerriana sino por la bonaerense que equivale a la de un país pequeño.

Un último dato es insoslayable: antes del default de agosto, Entre Ríos había pagado seis vencimientos por un total de u$s 131.250.000. La propuesta del Gobierno, entre servicios de capital y de intereses totaliza u$s 763 millones mientras que la de White & Case LLP suma u$s 768 millones. Es decir que, al final de cuentas, ambos escenarios muestran que por cada dólar que tomó de deuda, la Provincia terminará pagando casi dos.