Desde el colegio que las nuclea, unas tres mil inmobiliarias de Córdoba salieron al cruce del pedido de asociaciones de inquilinos para que el Gobierno nacional aplique una nueva prórroga al decreto 320/2020.

El DNU que vence el 31 de enero se aprobó en marzo, en el marco de la pandemia de Covid-19, como un régimen de emergencia para proteger la situación de quienes rentan viviendas y locales comerciales.

Dispuso la suspensión de desalojos, prorrogó los contratos que vencían en el marco de la cuarentena y congeló precios de los alquileres; lo que les dio a los inquilinos la chance de dejar en suspenso obligaciones y cancelarlas en tres o en seis cuotas al cierre de vigencia de la norma.

Ante el inminente vencimiento del régimen, más de 20 asociaciones de inquilinos de todo el país solicitaron al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que se extendiera la vigencia del decreto. El grupo (que incluye organizaciones cordobesas) insiste en “la acuciante situación (económica) que viven millones de inquilinos”.

El Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI) a nivel local y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci), que concentra a más de 30 mil inmobiliarios de todo el país, salieron al cruce. “Desde el Cofeci hemos pedido una audiencia con Alberto Fernández para plantear la situación. Nos oponemos completamente a una nueva prórroga, porque perjudicaría aún más a los propietarios y prolongaría el congelamiento de la actividad, causando más cierres de inmobiliarias de los que ya se registran”, dijo Virginia Manzotti, presidente del CPI y vice de Cofeci.

“La situación de los alquileres es crítica, hay miles de propietarios que dependen de ese ingreso para completar una jubilación u otro ingreso, y vienen haciendo un esfuerzo desde marzo. En los primeros meses era entendible, pero prorrogar esto más allá de enero sólo genera más desorden legal y termina de destrozar la rentabilidad de la actividad, que hoy es de 1,1 a 1,2 por ciento”, añadió.

Entendimiento y baja mora

Los inmobiliarios insisten en que propietarios e inquilinos vienen, en general, haciendo acuerdos en esta compleja situación. Destacan que no hay morosidad importante en el pago de alquileres: “En Córdoba y en el país, el 85 por ciento de quienes rentan viviendas están al día. Los comercios también se van normalizando. Sucede que la gente prefirió no acumular deudas, porque el DNU suspende el pago, pero luego hay que ponerse al día”, insistió Manzotti.

Con ese argumento, señalan que la persistencia del paréntesis legal no es necesaria y genera más perjuicios que beneficios. Por su parte, las asociaciones de inquilinos hacen foco en la “asfixia” económica que afecta a muchas familias para exigir prórroga. “Hay 1,5 millones de hogares con deudas de distinto tipo”, apuntan.

El reclamo del CPI también busca proteger su actividad: “Sin nuevos contratos, renegociaciones y casi sin ventas no percibimos nuestros honorarios desde marzo. El sector no da más, hay cierres en forma permanente”, aseguró la dirigente, quien señala que son unas 100 mil las personas afectadas por esta crisis.

En el Gran Córdoba, los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (tercer trimestre de 2020) indican que 137.293 hogares alquilan; un 25,5 por ciento del total de familias residentes.

Suba del 44% anual. El Colegio de Inmobiliarios asegura que los nuevos contratos celebrados en el marco de la ley de alquileres promedian esa suba anual, contra el 30% que antes se acordaba. El portal Zonaprop cifra el incremento en 52,6%. (Fuente: La Voz)