Se anunció la eliminación del fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) y esto tendrá un fuerte impacto en el sector productive.
La Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina fue sancionada el 4 de abril de 2001, con el fin de lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos del sector, para poder sostener la actividad a través del tiempo y consecuentemente, permitir mantener las fuentes de trabajo y la radicación rural. Esta medida posibilitó un gran desarrollo de la actividad en diversas provincias, entre las que se incluye Entre Ríos. Sin embargo, fue derogada tras la entrada en vigencia de la Ley Bases.
Entre los motivos que llevaron a esta polémica determinación, el vocero presidencial Manuel Adorni adujo en un posteo de X que el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), manejaba 3.000 millones de pesos por año sin “ningún tipo de transparencia” ni reflejar “mejoras en el sector”. Esto es desmentido por los referentes del sector, que advierten que esto perjudicará la producción.
Al respecto, Ricardo Garzia, presidente de Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla, a cargo del único frigorífico ovino de la provincia, situado en la localidad homónima, señaló: “Esto genera que se pierda la oportunidad de que los pequeños y medianos productores que no tienen bancarización, o empresas que sí tienen bancarización pero que necesitan financiamiento externo, tengan la posibilidad de un fondo, que es un fondo federal. Y que no es de 3.000 millones como dijeron desde el gobierno nacional, sino de 850 millones para todo el país, y que a Entre Ríos llegaba aproximadamente el 8% o 9% por ciento, es decir, alrededor de 90 millones de pesos todos los años”.
- IMPACTO POSITIVO DE LA LEY OVINA
Sobre el impacto positivo que tuvo la norma en la provincia, precisó: “Para graficar la cuestión, hay que decir que de la mano de la Ley Ovina Entre Ríos pasó de 350.000 cabezas a 700.000 cabezas. Y además este financiamiento no fue sólo para la compra de madres o retención de vientres y aumento del stock de la provincia, sino que con el fondo muchos productores entrerrianos compraron genética, hubo cabañas que importaron genética y hoy son líderes en venta de genética ovina a todo el país; se invirtió en mucha infraestructura para el sector, con la adquisición de mangas, corrales, cargaderos, alambrados, aguadas, y también otro tipo de infraestructura como galpones, Además, se sumaron estructuras de agregado de valor, como el frigorífico de Mansilla, que tuvo financiamiento de la ley Ovina ”.
“Es decir, era un fondo federal por cómo se distribuía la plata entre las provincias y también era de un control social muy amplio, porque en la Unidad Ejecutora de la provincia de Entre Ríos participaba un equipo integrado por entidades, funcionarios y dirigentes del INTA, Senasa, de la Mesa de Enlace, productores de Cambio Rural. Era muy democrática la decisión de a quién y para qué se destinaban los fondos. En este proceso había todo por parte de los productores una presentación de proyectos avalados por ingenieros agrónomos, por entidades u organismos como el INTA. También la unidad ejecutora por ahí se tomaba el trabajo de sugerir modificaciones a los proyectos, asesorando a los productores”, explicó, y subrayó: “Tenía una llegada al territorio que ningún Plan o ni siquiera el sector privado llegaba para impactar con financiamiento en los lugares más recónditos”.
Garzia, que además es exdirector del Consejo Directivo Central de Federación Agraria Argentina (FAA) y expresidente durante dos períodos del Consejo Regional del INTA Entre Ríos; y que actualmente es referente de Bases Federadas, precisó que “eran entre 12 y 14 personas, todas dirigentes o funcionarios, que firmaban los acuerdos y además se ocupaban después de la cobranza y de que no hubiera morosidad” y lamentó: “Haber roto este fondo fiduciario, y habiendo aducido que había problemas de transparencia, la verdad que es una ofensa a todos los productores, a todos los funcionarios, a todos los dirigentes de todas las entidades de todas las provincias. El vocero presidencial dijo además que son 3.000 millones y eso es mentira: eran 850 millones”.
- PRODUCCIÓN PROVINCIAL
Garzia indicó que en Entre Ríos son más de 3.000 los productores ovinos, con mayor densidad de ganado en los departamentos Federal, Federación y Feliciano; y también con un trabajo con gran desarrollo en Concordia y La Paz, donde “tienen mucha cantidad de cabezas”. A su vez, agregó: “Después en el sur de la provincia encontramos producción ovina en Gualeguay y en Gualeguaychú, con otro perfil, porque son productores más grandes”.
En torno al desarrollo de la actividad, también remarcó otro beneficio de la Ley Ovina en la provincia, y al respecto explicó: “También colaboraba con el gobierno en ocasiones en algún tipo de registración, y en algún plan sanitario si había un foco de una determinada enfermedad en un departamento”.
“Entonces, cabe destacar que en la provincia usaban fondos de la ley para hacer un tratamiento sanitario en todo el departamento. Así que oficiaba como un soporte para la sanidad de los rodeos, para que no haya mortandad, para que no haya contagio con el consumo humano”, sostuvo, y finalizó: “También en algún momento la ley ovina financió campañas de consumo y eventos de degustación, exposiciones como la que se hace una vez por año en noviembre en Urdinarrain, y otras actividades de promoción y fortalecimiento del sector. Así que vemos realmente con mucha pena que se derogue esta norma, porque seguramente eso va a tener un impacto negativo”. (Fuente: UNO)
