Mediante la publicación del decreto 1094/2024, el Ejecutivo cerró la Comisión Nacional de Coordinación y el Fondo Nacional que corresponden al programa. Todos los empleados de planta permanente de este organismo quedaron en situación de disponibilidad.
En el marco del proceso de reducción del gasto público, el Gobierno eliminó el “Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social”, que tenía como objetivo ayudar a personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos a organizar la gestión del autoempleo.
La medida se hizo oficial mediante la publicación del decreto 1094/2024 en el Boletín Oficial, que establece la disolución del programa social y de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa, que funcionaba bajo la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. En esa misma línea, el Ejecutivo dispuso también la disolución del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
El Gobierno alegó que, “desde 2006 se han pagado expedientes por un total de $3.341.517.790, destinados a la capitalización de las Instituciones de Microcrédito”. “Sin embargo, a septiembre de 2024 se registra una cartera activa de $751.240.653″, aclararon y explicaron que “el monto actual de la cartera refleja una pérdida de los fondos totales entregados históricamente”.
En consecuencia, consideraron que esta situación evidencia “una deficiente administración del Programa por parte de la Comisión Nacional, que ha provocado la dilapidación de recursos públicos que debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Programa de Microcréditos”.
“La contribución al desarrollo del Programa de Microcréditos por parte de la mentada Comisión Nacional, en términos de alcance e impacto, no ha sido significante ni proporcional a los recursos dispuestos para su funcionamiento, lo cual denota una ineficiencia económica que justifica su disolución”, mencionaron y sostuvieron: “El otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que debe ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado o público, el cual cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”. (Fuente: Infobae)
