Diputados impulsará que el Poder Judicial pague ganancias a partir de 2023
El oficialismo decidió incorporar un artículo en el Proyecto de Presupuesto para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, con lo cual se podrían sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que «hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales.
La decisión fue adoptada en el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados donde se analiza el dictamen que se emitirá sobre el proyecto de gastos y recursos para el 2023, con el fin de que pueda ser tratado en una sesión que se celebrará el 25 de octubre.
El Frente de Todos tenía asegurado poder tener un despacho con un alto consenso ya que no solo lo firmarán los diputados oficialistas, sino que también lo haría el de Provincias Unidas, por lo que reuniría 25 firmas sobre las de los 49 integrantes de la comisión.
El resto, tanto los 23 de Juntos por el Cambio, como el del interbloque Federal, no firmarían ningún despacho o expresarían algunas disidencias parciales, y se inclinarían por el acompañamiento en general o la abstención cuando se de la votación en el recinto.
La intención del oficialismo es poder tratar el proyecto en una sesión que se celebraría el próximo martes a las 13, y que se extendería por más de 20 horas, según confiaron fuentes parlamentarias a Télam.
Para diagramar esa sesión, el próximo lunes se reunirán los presidentes de bloque, en Labor Parlamentaria.
El objetivo es obtener entre martes y miércoles la media sanción para permitir que el Senado tenga el tiempo necesario para convertir en ley este proyecto clave para el Gobierno antes del 30 de noviembre.
Desde el oficialismo siempre existió la voluntad de llegar a un acuerdo con la oposición pero siempre que se mantengan las variables económicas que estiman un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.
Si bien existen muchos pedidos de cambio el Presupuesto ya tiene más del 65% de los fondos destinados a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
Además contempla un aumento del consumo privado estimado en 2,2% y la inversión en 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.
En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $ 1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $ 1,2 billones, a gastos sociales $ 18 billones, servicios económicos $ 4,5 billones y a deuda pública $ 2,9 billones, lo que implica casi $ 29 billones.
Contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.
El oficialismo anuncia aumento de partidas y subsidios para el interior
El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FDT), informó que se aumentan a $ 9.000 millones los fondos para los bosques nativos.
En cuanto al transporte de pasajeros, Heller puntualizó que se prorroga el fondo de compensación y se eleva de $ 66.000 millones de $ 85.000 millones.
Además dijo que se crea el Consejo Federal de Administración para aplicación de la tarjeta SUBE y subsidios por jurisdicción.
Heller afirmó que de esta manera se accede al pedido de los bloques ya que era una solicitud transversal, y precisó que las provincias que no tengan el sistema de boleto electrónico SUBE tendrán por única vez un plazo de cuatro meses para su instrumentación.
Asimismo se destinarán $ 46.000 millones para distribuirse entre la provincias y los municipios que serán transferidos en 12 cuotas iguales.
Sobre las deudas de Cammesa, Heller explicó que las provincias tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses para regularizar esos compromisos.
Otro punto es que se reforma es un artículo sobre regularización de deudas tributarias y previsionales hasta octubre del 2022 en todo el país, que incluirá la condonación de capital y de intereses.
(Fuente: Télam)
