LOS AVANCES Y DESAFÍOS DE LOS NEGOCIOS SUSTENTABLES EN EL CAMPO
El mercado de Bonos Verdes brinda una oportunidad de financiamiento para el sector agroindustrial, como así también, el comercio de los Certificados de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que apoyan proyectos relacionados con la generación de energía de biomasa o biogás, además de reducir el impacto del cambio climático.
En la Argentina, además de la forestación, la producción de energía mediante biogás y biomasa, hay otras actividades agroindustriales que pueden abrir una ventana para la inversión genuina y responsable, estas son las denominadas finanzas verdes -que son los recursos que financian proyectos sostenibles-.
En diálogo con Infobae, el consultor de Agronegocios, Lic. Sergio Molina, explicó que: "El foco está puesto en las actividades que generan agregado de valor porque requieren del tratamiento de los desechos que generan las producciones primarias", y puso como ejemplo a los tambos, los feedlots, las granjas avícolas o porcinas, la caña de azúcar, el maní, el aceite, o los biocombustibles, entre otros.
Según Molina, "en lo que respecta a energía, el Gobierno puso un objetivo en relación a lo que es el aporte total al sistema. Lamentablemente, lo relacionado a la generación a través de la biomasa y el biogás ha quedado muy relegado, porque es caro". Sin embargo, el especialista destacó que pese a haber quedado en un segundo plano, "hay decisión política y recursos, es un compromiso de largo plazo".
ES LA ECONOMÍA
"Es un objetivo de consenso en el que se estableció un criterio de eficiencia en la inversión por costo de megavatio generado a través de las energías renovables", señala el asesor externo de la Secretaría de Agroindustria, y agregó que "se llegó a la conclusión de que el país debía cambiar su matriz energética, bajando al 80% por generación de combustibles fósiles y atómica, y hasta el 20% de energías renovables".
Molina sostuvo que después de fijar ese objetivo, se determinó qué tecnologías iban a preponderar en base a un criterio de eficiencia. "Las decisiones fueron absolutamente discrecionales, porque no hay nada que asegure que utilizar energías renovables vaya a terminar siendo socialmente beneficioso para todos de aquí a cien años", advirtió.
Cabe destacar que hacia 2008, cuando se iniciaron los proyectos de energías renovables, el costo de generación de cada megavatio era en promedio de USD 100. En ese entonces, generar energía de los derivados fósiles costaba USD 60. Hoy la generación eólica es de USD 40, de solar USD 50, y de las fuentes tradicionales entre USD 30 y USD 35.
"Pese a que quedaron relegadas, el Estado decidió promover el biogás y la biomasa, porque cuando decidió incluirlas en la estrategia de energías renovables y le asignó un costo de USD 150 el megavatio hora, les aseguró a los productores una compra durante diez años a ese precio fijo", subraya Molina.
El asesor en Agronegocios aclara que "cada productor tiene que saber que su propuesta debe ser rentable. La primera ayuda que le da el Estado es la creación de la demanda de energía. Si no fuera así, ese proyecto quizás no vería la luz. El segundo aporte, es que ese compromiso de compra-venta se materializa en un contrato que podrá utilizar para buscar financiamiento en cualquier parte del mundo. Además, se le garantiza el pago de la electricidad generada, a través de un fideicomiso que le asegura el cobro de la energía producida", detalla.
COMMODITIES 'VERDES'
La Argentina promueve la participación del sector privado en estos mecanismos verdes a través de dos instancias: el Comercio de emisiones, y los Bonos verdes.
Sobre el primero, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) es la encargada de administrar el comercio de los Certificados de Reducción de Emisiones, también llamados CER -unidad equivalente a una tonelada de dióxido de carbono o CO2 reducida en la atmósfera como consecuencia de un proyecto de Mecanismo para un Desarrollo Limpio o MDL-.
La implementación de instrumentos está contemplada en el Protocolo de Kyoto (PK) en el que los países desarrollados del mundo que ratificaron el acuerdo asumieron un compromiso legal y vinculante de reducir sus emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI), al que suscribieron naciones en vías de desarrollo como la Argentina.
En el caso de la agricultura, los MDL incluye la ejecución de actividades tendientes a reducir las emisiones del Metano (CH4) vinculadas a la producción y quema de combustibles fósiles, en la agricultura, ganadería, y el manejo de residuos; y del Óxido Nitroso (N2O) cuya fuente de emisión es la quema de combustibles fósiles en el agro y la explotación de la tierra, de acuerdo a los parámetros que sostiene la BCBA.
Desde la entidad bursátil explican que "la realización de proyectos locales de reducción de gases, permitirá a sus desarrolladores la obtención de certificados o bonos comercializables internacionalmente y será un canal de entrada de divisas extranjeras para el país".
Desde la entidad argumentan que "los CER derivados de estos proyectos pueden ser comercializados libremente como commodities y serán finalmente utilizados por los países desarrollados para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el PK".
Molina destaca que la financiación de estas iniciativas para la Argentina "ha sido una oportunidad". "La Unión Europea (UE) registró como proyectos verdes 46 de los 52 presentados por el país, y de esos, 18 lograron que se emitan los CER por 16 millones de toneladas de CO2, con una inversión de USD 425 millones". En ese listado figuran proyectos de MDL para reducir la producción de Gas Metano mediante el tratamiento de los efluentes derivados del procesamiento de la industria avícola en Buenos Aires y Entre Ríos; y la generación de electricidad a través de la cáscara de maní y los residuos de la elaboración de aceite de girasol en Córdoba.
Sobre los llamados Bonos Verdes (BV), Molina afirma que "hay un compromiso de los países a promover el desarrollo de un mercado que financie estos proyectos a través del Banco Mundial, Naciones Unidas, o instituciones no gubernamentales de la UE. Los fondos son cuantiosos, pero también la demanda de ese dinero".
El especialista advierte que esos proyectos se someten a las mismas consideraciones de capacidad de repago y garantía con el plus de una certificación de verde, sostenible o social, que les permite estar incluidos en esos programas de financiamiento. Y esa certificación significa un costo que no necesariamente se traduce en una mejor condición de financiamiento.
A diferencia de las posibilidades de intercambio comercial de los CER, los BV son instrumentos de deuda cuyo emisor determina que los fondos serán destinados a proyectos que generen un beneficio para el ambiente
En el mundo, los mercados verdes son incipientes, de acuerdo a Molina, quien señala que en 2017 se emitieron y colocaron unos USD 155 billones, "lo que si bien es una suma relevante, representa menos del 1% de los activos que administran los inversores institucionales regulados" a nivel global, asegura. Para todo este año, la perspectiva de crecimiento es de USD 200 billones. En la Argentina, el mercado es aún más incipiente aún: existen sólo dos experiencias, una en La Rioja (energía eólica) y otra en Jujuy (energía solar), que fueron incluidas en el programa RENOVAR del Estado Nacional (Programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables). Juntas suman USD 410 millones y fueron colocadas en mercados externos.
El interés sobre el comercio de BV es tal, que a fines de septiembre pasado la Comisión Nacional de Valores puso en consulta pública el proyecto normativo sobre los Lineamientos de la Argentina para la Emisión de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, "ante la creciente demanda de oportunidades de inversión que mitiguen el cambio climático, generen impacto social y respalden el desarrollo sustentable". Estos lineamientos buscan ser la base para la implementación de instrumentos financieros que incluyan Obligaciones Negociables (ON), fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión.
Para Molina, quien compartió estos conceptos en el Seminario "Finanzas Sostenibles" organizado por la Maestría en Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), "hay una oportunidad y un desafío para el mercado de BV tanto en el país como en el mundo: crear demanda genuina y adicional y, sobre todo, lograr traducir el beneficio ambiental y social a tasas menores, respecto de colocaciones de riesgo similar. Por el momento, eso no ocurre y constituye el otro gran desafío para el mercado", se esperanzó. (Fuente: Infobae)
Fuente: (valorlocal.com.ar)
