Dictadura: El poder económico no es cómplice sino autor y beneficiario

Por Juan Pablo Enriquez – Después de mucho tiempo, este 24 de marzo no se realizarán las tradicionales movilizaciones en todo el país que venían con ritmo creciente generando conciencia en las vertientes más profundas de nuestro Pueblo.

La lucha de madres y abuelas a esta altura se convierte en un paradigma de resistencia digno de admirar, defender y trasladar en forma entusiasta a generaciones enteras, cuyo destino estará íntimamente ligado con la matriz de conocimiento e identidad que logren forjar en función de sus intereses de clase.

Hoy, la pandemia del coronavirus que atemoriza al mundo, obliga a que en esta fecha crucial, nos quedemos en nuestras casas, pero sin dejar a un lado las banderas de quienes entregaron su tiempo, su alma y sus propias vidas a la construcción de una patria mejor.

Ahora bien, es preciso por este tiempo rediscutir algunas cuestiones pendientes de nuestra historia.

Desde algunos espacios siempre sostenemos la idea froileana de que el sistema está ideado para obedecerlo y no para transformarlo. He aquí un punto sustancial, en términos educativos, culturales, judiciales, políticos y comunicacionales es importante poner en discusión el discurso que se ha instalado a lo largo de nuestra democracia en cuanto a las responsabilidades del último golpe perpetrado en la Argentina hacia 1976.

Siempre se ponen en conocimiento a los autores materiales del genocidio y se prescinde a los artífices intelectuales que cosecharon con creces la miseria, la muerte y la destrucción del país.

Hacia mediados de los 70s, teníamos los menores índices de desocupación que oscilaban el 4%, lo cual hacia a la clase obrera que por entonces estaba organizada y en gran parte formada en función de la defensa de intereses propios y colectivos, un eslabón difícil de vulnerar por parte de esa clase dominante que claramente muestra la ferocidad de la renta por sobre cualquier indicio de humanidad.

Además, la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza superaba el 50% del PBI y la Argentina Industrial más allá de algunos sinsabores venía siendo el motor del crecimiento, la inclusión y el trabajo en las últimas décadas desde la implementación del modelo de Industrialización para Sustituir Importaciones llevado a cabo por el Peronismo.

El nuevo Ministro instrumentó como no podía ser de otra manera un modelo económico ideado para la clase que representaba. Dichas medidas, marcaron la estructura que alcanzó su desenlace cruento en diciembre de 2001, denominando aquel tiempo de “valoración financiera”, cuyas características de mayor distinción fueron el endeudamiento externo, la destrucción del mercado interno, la pulverización del salario, la liberación de la tasa de interés, la apertura irrestricta de las importaciones y la prevalencia de actividades especulativas por encima de cualquier intento productivo. Estos rasgos conformaron una estrepitosa transferencia de recursos desde quienes trabajaban hacia los dueños del capital, rebajando un 40% los ingresos de los trabajadores.

Cuando se inició la dictadura en marzo de 1976 el nivel de endeudamiento oscilaba los 9.738 millones de dólares, mientras que hacia 1983 con el advenimiento del vigente periodo democrático la deuda del país ascendía a 45.087 millones de dólares, marcando no sólo el hipotecamiento de generaciones enteras, sino también la convalidación de la sumisión y la pérdida de soberanía en manos del capital económico extranjero.

El proceso inflacionario arrojó cifras superiores al 100% anual en cada periodo, siendo casi de 350% en 1983, los intereses de deuda pasaron del 2% en el inicio a casi el 12% en el final, la población en hogares pobres pasó del 3% en 1974 al 28% en 1982, en un indicador que lo grafica todo.

Una de las operatorias que aportó al endeudamiento externo consistía en contraer deudas en dólares y transformarlas en pesos sobrevaluados para aprovechar las altas tasas de interés locales y ante la inminencia de una devaluación convertirlos nuevamente en dólares para fugarlos al exterior. Esto fue facilitado con una “tablita cambiarla” que anticipaba un proceso de pequeñas devaluaciones. Cualquier similitud con el gobierno de Mauricio Macri, es pura coincidencia.

En este periodo, nuevamente la deuda fue el negocio de los ricos en detrimento de los pobres. Hacia 1982 con Domingo Cavallo como funcionario en el BCRA más de 70 empresas importantes del país se beneficiaron con la estatización de la deuda privada que marcaría uno de los hitos de corrupción más controvertidos de nuestra historia, pero a la vez omitido por ese sistema que controla esa misma clase beneficiada. Se estima estafaron al país en más de 23 mil millones de dólares, cifra superior a la mitad de la deuda contraída en aquel tiempo.

Las dos principales leyes implementadas fueron la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, sancionada en 1977, y la Ley de inversiones extranjeras Nº 21.382, ambas nacidas como decretos de la dictadura militar produciendo en el primer caso la extranjerización de los bancos, la concentración de los depósitos en los bancos privados, un sistema crediticio determinado por el mercado sin ninguna orientación pública, el predominio en la asignación de créditos a corto plazo y la ausencia de préstamos para el desarrollo.

En cuanto a la ley de inversiones extranjeras, ocasionó una liberalización de la entrada de capitales externos en el país, restringiendo al mínimo las áreas prohibidas para este tipo de inversiones y asegurando un trato igualitario a las inversiones extranjeras y a las nacionales.

Entre los grupos económicos beneficiados en aquel tiempo se destacan Sevel y Socma de la Familia Macri; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc,; Loma Negra, de los Fortabat, IBM, Ford y Fiat, Banco Río, Francés, Citibank y Supervielle, entre otros.

El poder económico no fue cómplice, sino el impulsor y beneficiario del genocidio.

Todo esto deja en claro como sostenía Gramsci que “Quien controla las palabras, controla la realidad” y la urgente necesidad de rediscutir quienes han sido a lo largo de la Historia los verdaderos culpables del hambre en la Argentina.

Juan Pablo Enriquez es Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos; Integrante del Centro de Análisis de la Realidad Argentina – CARA; Miembro de Economía Política Para la Argentina – EPPA y Docente Universitario en la Facultad de Gestión de UADER y del Instituto Nacional de Formación Política – INCAP. (Valor Local)