La Cámara Federal de Apelaciones dejó firme un fallo del juzgado federal de Bell Ville en el que dio curso a un planteo de inconstitucionalidad presentado por la firma Bonafe, radicada en esa ciudad.

En el año 2015, se sancionó en Argentina la Ley 27.114 que instituyó un Régimen de Envasado en origen de la Yerba Mate o Ilex Paraguariensis, que obliga a que todos los establecimientos que se dediquen al fraccionamiento y envasado de este producto se radiquen en la zona productora; es decir, en Misiones y Corrientes.

En su artículo 9°, la normativa expresa además que “las empresas que actualmente cuentan con plantas envasadoras de Yerba Mate o Ilex Paraguariensis fuera de la región productora, tendrán 60 meses a partir de la sanción de esta ley para radicar sus respectivas plantas dentro de la región productora”.

En Bell Ville, desde 1961 funciona la empresa Bonafe (desde 1985 como Bonafe SRL) que se dedica precisamente a esta actividad y que consideró, al aprobarse esta ley, que eran lesionados sus derechos, al obligarla a mudarse y tener que dejar sus instalaciones y sus empleados de Córdoba.

Por eso, patrocinada por los abogados Antonio María Hernández padre e hijo, planteó una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 3° y 9°, que fue avalada por la Justicia Federal de Bell Ville, en un fallo ratificado en las últimas horas por la Cámara Federal de Apelaciones que integran los jueces Liliana Navarro, Abel Sánchez Torres y Luis Roberto Rueda.

“La Sala B resolvió por unanimidad confirmar la resolución dictada con fecha 26 de diciembre de 2019 por el Juzgado Federal de Bell Ville, cuanto hizo lugar a la acción impetrada declarando, en el caso concreto, la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 9° de la Ley 27.114”, precisó la Cámara Federal mediante un comunicado.

El órgano de segunda instancia tuvo que resolver luego de que el Estado nacional apelara la medida del juez de Bell Ville, al considerar que la ley no coarta la posibilidad de trabajar de Bonafe SRL, y que le otorga los beneficios dispuestos por la normativa, concediéndole 60 meses para reorganizarse, dándole todas las herramientas necesarias para trasladarse a Corrientes o Misiones.

Fundamentos

En el fallo, la doctora Navarro consideró que más allá de que la ley promueve beneficios para fábricas que se instalen en esas provincias, no puede desconocerse que eso significaría para Bonafe cerrar su planta de Bell Ville.

“Los beneficios otorgados por la ley y que la recurrente invoca como fundamento de su razonabilidad, no suprimen los perjuicios que la ley ocasiona a la firma Bonafe SRL. Tampoco puede desconocerse que para una empresa que hace casi dos décadas que ejerce la industria lícita utilizando como materia prima la yerba, el cierre de su planta y el consecuente traslado, implicaría no sólo una gran inversión, sino además la probable pérdida de los puestos de trabajo para sus empleados de Córdoba”, expresó Navarro.

Y continuó: “El objetivo que persigue la norma no puede concretarse razonablemente si afecta los derechos de la actora que, con todos los permisos e inscripciones correspondientes, lleva años ejerciendo la industria. Además, la situación en la que queda una empresa que debe trasladarse, no es la misma que la de aquellas que, encontrándose en la región productora, presenten proyectos para modernizar las instalaciones, o para el desarrollo de las actividades relacionadas con el envasado”.

“Tampoco puede equipararse a aquellas que presenten proyectos de radicación para realizar el proceso de envasado, o los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a desarrollar la actividad de envasado”, agregó.

En resumen: “Impedirle a la actora continuar con su legítimo desarrollo económico, que importa el cercenamiento del derecho a ejercer su industria lícita afectando fuentes de trabajo, para lograr que el envasado de la yerba sea exclusivamente en la región origen, luce desproporcionado”, sentenció Navarro.

Asimismo, consideró que se entiende que el objetivo de la ley es fomentar la creación de empleos y el agregado de valor en la economía regional de la yerba mate, pero que no encuentra razonable que “con el objetivo de promover el desarrollo de pequeños productores de una región, se afecte a aquel de otra que viene desarrollando regular y legítimamente la actividad desde hace muchos años”.

A esto debe sumarse que, con anterioridad, el Gobierno de Misiones sancionó la Ley 4.459 que prohibió que yerba mate producida en su provincia sea envasada en otra jurisdicción. Sobre esto también hubo planteos de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia avaló al considerar que esa normativa violaba el principio de libre circulación de bienes y productos consagrado en la Constitución.

Por estos motivos, Navarro consideró que “corresponde confirmar la resolución” del juzgado de Bell Ville. Los jueces Sánchez Torres y Rueda adhirieron a esta opinión. (Fuente: Agrovoz)