Desde el Gobierno se mostraron optimistas tras la audiencia por el juicio de YPF. Lo hizo minutos después de que finalizara la misma en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.
Por esta demanda, la jueza Loretta Preska condenó en primera instancia al Estado argentino. La magistrada concluyó que se expropió mal la petrolera en 2012 y obligó a desembolsar un resarcimiento de USD 16.000 millones, que suma otros USD 2.000 millones con los intereses que corren desde hace dos años. Burford Capital, el bufete inglés que compró los derechos a litigar en este caso, es el principal beneficiario de ese fallo condenatorio.
Si bien la sentencia no estará hasta el año próximo –se calculan entre 7 y 9 meses desde hoy, aunque la Cámara no tiene fecha para emitir su fallo– y las fuentes oficiales mostraron cierta prudencia, hubo algarabía en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, desde donde se articula la defensa del país en causa en el exterior.
Los funcionarios consultados destacaron que los tres jueces de la Cámara –Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson– pusieron foco en la jurisdicción del caso, la doctrina del forum non conveniens: que esta causa podría no haberse tratado en EEUU y sí en Argentina.
“El gobierno de Argentina, a través de sus apelaciones, ha dejado claro que sigue intentando eludir las consecuencias de sus propias acciones —que causaron pérdidas por miles de millones de dólares a inversores y acreedores y que siguen sin ser saldadas hasta el día de hoy”, agregó Fragoso.
Desde Nueva York también se expresó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y uno de los especialistas en esta extensa y compleja causa.
“Si sos el beneficiario de un fallo por USD 16.100 millones, vas a ser desafiado por los jueces. Tema jurisdicción y aplicación la ley argentina acaparó el 95% de la sesión. Tema premio, muy poco. Argentina salió muy bien parada si analizamos las preguntas formuladas por los jueces y sus comentarios. Pero no hay que asumir que el fallo será en base a lo ocurrido hoy”, dijo Maril y destacó que “el juez Chin, quien ya había participado en la primera apelación de este caso en 2018, fue el que puso énfasis en el tema Foro y causó la caída en las acciones de Burford. Con sus comentarios y preguntas, puso en duda la decisión de la jueza Preska de utilizar a Nueva York como sede del caso”.
- PROCURACIÓN DEL TESORO
En la tarde del miércoles, la PTN aseguró en un comunicado que los abogados de Argentina “presentaron los argumentos de la República con claridad, convicción y determinación”.
“La defensa destacó la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino; subrayó la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apeló al sentido de justicia del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos. La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado”, expresó el organismo que preside Santiago Castro Videla, quien tuvo en el tribunal a sus dos subprocuradores, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, quienes regresarán al país esta noche.
Desde la PTN aseguraron que Burford “está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria” derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina. “Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000 por ciento, a expensas del pueblo argentino”, destacaron. Además, remarcaron que el bufete “ha manifestado públicamente su intención de ‘poner arena en los engranajes’ del proceso de normalización de la Argentina”. (Fuente: Infobae)
