Sobre el filo del cierre del mes, el Gobierno avanza en la definición de algunos aumentos, como el de la tarifa de electricidad o el impuesto a los combustibles que repercutirá en el precio de la nafta, al tiempo que decidió posponer otros. La suba en las boletas de gas estaba prevista originalmente para febrero tras la concreción de la primera audiencia pública convocada para el último 8 de enero. A pesar de tener todo listo para aplicar la suba, la Secretaría de Energía convocó la semana pasada a las empresas distribuidoras para anticiparles algunas modificaciones en el esquema de aumentos previsto.
El principal de esos cambios está en el calendario: el Gobierno decidió posponer, en principio para marzo, la actualización de las tarifas de gas. De hecho, todavía no hay indicios del nuevo cuadro tarifario que establecerá Energía que, originalmente, debía entrar en vigencia mañana. Esa dilación no se repetiría en el caso de la electricidad, sector para el que también ya se desarrolló, la semana pasada, la audiencia pública correspondiente y cuyo nuevo cuadro tarifario vería la luz de manera inminente.
Dos cuestiones clave explican la urgencia en un caso y la mayor parsimonia en el otro. En primer lugar, el foco central puesto en la electricidad encuentra una explicación obvia en que es, precisamente, el rubro que más fondos demanda en concepto de subsidios. La subvención a las tarifas de luz explica el 70% de los subsidios a la energía por lo cual avanzar rápidamente en ese segmento redundará en el mayor ahorro para el Estado. Al mismo tiempo, al menos hasta fin de marzo el consumo de electricidad es estacionalmente alto dado las más altas temperaturas, con lo cual se maximiza no sólo el ahorro en materia de subsidios sino también la recaudación de impuestos asociados a esos consumos. Eso explica que, según confirmaron fuentes oficiales, la cuestión “la está manejando Economía directamente”. Es decir, el ministro Luis Caputo.
Sin embargo, se suman otros factores que explican el paso algo más lento a la hora aplicar las subas en las tarifas de gas. Además de implicar un menor impacto económico en las cuentas fiscales, ayudaría a descomprimir en al menos 2 puntos porcentuales el avance de la inflación de febrero, que ya estará alimentada por la suba del transporte, la luz, prepagas y naftas. Ese combo sumaría como mínimo unos 7 puntos al IPC del mes próximo.
En paralelo, el Gobierno busca evitar contratiempos que lo obliguen a desandar el plan previsto. En ese sentido, antes de aplicar los incrementos que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó en la audiencia pública de principios de mes, la idea que se consolida es llamar a una nueva audiencia, lo que inevitablemente demora el proceso. Eso es, al menos, lo que se explicó en esa reunión con las compañías, según fuentes del sector.
La decisión de llamar a una nueva audiencia se basa en la fuerte repercusión que generaron los dichos de Rodríguez Chirillo respecto del sendero de aumentos previsto para el precio del costo del gas. El funcionario anticipó que el plan de la cartera consiste en llevar el precio PIST del gas -el costo promedio entre producir gas localmente y el de importarlo- de USD 0,7 el millón de BTU (la unidad de medida para el gas) a USD 4. Se trata de un incremento más que significativo para el que, a entender de las empresas, el Ejecutivo podría avanzar sin necesidad de la convocatoria a la discusión pública. Pero Energía teme, de todos modos, una judicialización de la medida que la audiencia pública ayudaría a prevenir. Así, el plan original de aplicar en tres tramos iguales ese ajuste, entre febrero y abril, se trasladaría a mayo a menos que, en vez de hacerlo en tres etapas, finalmente se decida aplicar el aumento en apenas dos meses. (Fuente: Infobae)