La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó las recientes recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reformar el sistema tributario argentino y sostuvo que las medidas propuestas «no atacan los verdaderos problemas estructurales que afectan a la producción y al empleo».
El organismo internacional sugirió ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, extender la aplicación del IVA a bienes y servicios actualmente exentos y modificar el régimen del Monotributo elevando sus categorías. Para la entidad pyme, estas iniciativas tienen un impacto directo sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo interno, sin generar mejoras en la competitividad de las empresas.
«Cualquier reforma que reduzca el poder adquisitivo de los trabajadores o encarezca la formalidad para los sectores de menores ingresos resulta regresiva y termina afectando también a las pymes, porque debilita el mercado interno», advirtió CAME en un informe difundido este jueves.
El foco en Ingresos Brutos y las tasas municipales
La entidad empresaria planteó que el FMI omite en su diagnóstico uno de los principales obstáculos para la actividad económica: la presión tributaria subnacional. En ese sentido, apuntó especialmente contra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales que gravan la actividad comercial y productiva.
Según el informe, la combinación de tributos provinciales y municipales representa entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad. Además, advirtió que Ingresos Brutos funciona como un impuesto «en cascada», ya que se aplica en cada etapa de la cadena productiva y comercial, incrementando los costos a medida que avanzan los procesos de producción y venta.
A ello se suman las tasas municipales de Seguridad e Higiene, habilitación comercial y otras contribuciones locales que, de acuerdo con CAME, en muchos casos equivalen a una carga adicional de entre el 0,3% y el 1,2% sobre las ventas.
El problema de los saldos a favor
Uno de los aspectos más críticos señalados por la entidad es el sistema de retenciones y percepciones que aplican las provincias. CAME sostiene que estos mecanismos generan cobros anticipados que frecuentemente superan el impuesto que finalmente corresponde pagar, provocando la acumulación de saldos a favor que las empresas tienen dificultades para recuperar.
La situación se agrava por la demora en los procesos de devolución. Según el informe, los reintegros pueden tardar entre uno y tres años en la mayoría de las jurisdicciones, período durante el cual los fondos pierden gran parte de su valor real debido a la inflación.
«La consecuencia práctica es que las empresas terminan financiando al Estado provincial mediante un préstamo forzoso y sin remuneración», afirmó la entidad.
Un nuevo Consenso Fiscal
Frente a este escenario, CAME propuso la convocatoria a un nuevo Consenso Fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios con el objetivo de reformar de manera integral el sistema tributario subnacional.
La iniciativa contempla la armonización de bases imponibles, la unificación de criterios para retenciones y percepciones y la fijación de plazos obligatorios para la devolución de saldos a favor.
Además, la entidad planteó avanzar hacia una transformación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para que deje de aplicarse en las etapas intermedias de producción y se concentre únicamente en la venta final al consumidor, con un esquema similar al IVA.
Según CAME, esta modificación permitiría eliminar el efecto cascada que encarece los procesos productivos sin afectar la recaudación provincial.
Impacto sobre la producción y el empleo
La organización concluyó que las recomendaciones del FMI no contribuirían a generar empleo formal ni a mejorar la competitividad de la economía argentina.
Por el contrario, sostuvo que una mayor carga sobre los salarios y el consumo podría profundizar la retracción de la demanda interna, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
«La Argentina necesita una reforma tributaria que elimine los impuestos distorsivos que frenan la inversión y la producción, no una que aumente la presión sobre trabajadores y consumidores», sintetizó la entidad.
