Vicentin: Lorenzini ya no es más el juez del concurso

De manera sorpresiva, el juez Fabián Lorenzini resolvió correrse del manejo del expediente concursal de Vicentin, argumentando «violencia moral y en resguardo del decoro que exige la investidura del magistrado». En un escrito conocido el mediodía de este viernes, definió también remitir la causa al Juzgado Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Reconquista.

«Considero indispensable formular mi excusación para continuar actuando como juez en este expediente, con fundamento en la violencia moral que me produce una solicitud de Juicio Político presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por parte de un representante de acreedores», indicó el magistrado, haciendo referencia a una denuncia realizada por el abogado Gustavo Feldman.

Feldman es representante de la querella en la causa penal que se sustancia en Rosario y que ya acumuló importantes acusaciones por estafa contra los representantes de Vicentin. En julio del 2022, presentó un pedido de jury contra Lorenzini, en las que pidió pidió verificar si incurrió en las causales de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo.

Varios meses después de ingresado ese expediente en la Corte, el juez civil y comercial resolvió excusarse de continuar al frente del concurso: «No puedo soslayar la violencia moral que me genera dicho planteo, porque siento que me condiciona a la hora de continuar ejerciendo libremente la jurisdicción en este proceso tan relevante y complejo», indicó.

«Un pedido de juicio político -continuó Lorenzino- en las actuales circunstancias de alta sensibilidad, me expone en un grado que no me parece apropiado ni digno tolerar. Desde mi perspectiva, implica una agresión desmedida y me genera la necesidad de ponerme a disposición de quienes deben analizar aquel pedido, favoreciendo el pleno escrutinio de los fundamentos que pudiera esgrimir semejante planteo».

Luego de ofrecer un pedido de disculpas a los acreedores -«que aguardan pacientemente el trámite de este proceso»- y al personal de Vicentin -«el eslabón débil de la cadena»-, Lorenzini resolvió excusarse «a partir de este momento» y remitir la causa al Juzgado Civil y Comercial de la 3ª Nominación de Reconquista.

En su escrito, el juez realizó una defensa de su actuación a cargo del expediente, que se inició en febrero del 2020. «Intentamos administrar justicia en un proceso concursal de dimensiones nunca antes conocidas en la historia judicial de la Argentina», dijo, ejemplificando con números: planteó que el pasivo verificado equivale al 11,45% del presupuesto del gobierno provincial, así como también que la deuda concursal «hubiera permitido construir» 38 centros de salud.

«La búsqueda del bien común, la preservación de la empresa viable, el cuidado de las fuentes de trabajo, el trato digno hacia los acreedores y el respeto por su tiempo, la razonabilidad y prudencia, siempre fueron una aspiración en nuestras resoluciones», razonó Lorenzini.

Avances en el concurso

Más temprano, el propio Lorenzini había insertado en el expediente la convocatoria a la audiencia informativa, una instancia clave en el concurso de acreedores, pues supone el fin del período de exclusividad. De esta manera, se comprendía que la causa volvía a encarrilarse, luego de ocho meses en los que permaneció paralizada por la intervención de la Corte Suprema.

Con la renuncia de Lorenzini se abren muchos interrogantes sobre cómo continuará la causa. Vale recordar que si bien hay una propuesta que ya reunió las mayorías requeridas por ley, la misma presenta dificultades operativas, pues los bienes ofrecidos en la misma se encuentran cautelados por la Justicia penal. No parecería posible, entonces, que se defina la homologación hasta tanto se resuelva la suerte de las causas penales.

En las últimas horas Vicentin había presentado nuevas conformidades, inclusive la del banco Macro, que había sido uno de los querellantes en la Justicia penal. Allí reseñó que habían brindado su aval 1.017 acreedores (el 62,86% del total, cuando la ley pide más de 50%), los que representaban el 72,82% del capital (se exige un piso del 66%).

(Fuente: La Capital)