El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender la totalidad de las acciones que actualmente posee el Estado nacional en la empresa.
La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo, quien ayer había adelantado la medida en sus redes sociales.
La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA, actualmente en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo titularidad de los empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.
Según la resolución, la privatización se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, destinada a seleccionar un “operador estratégico” para la empresa.
El proceso se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde estarán disponibles el pliego de bases y condiciones y toda la documentación vinculada a la operación.
PROCESO
La resolución establece que el llamado deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial. También se difundirá en los sitios web del Ministerio de Economía y de AySA.
Además, el Gobierno fijó un plazo mínimo de 45 días corridos entre la publicación y el vencimiento para la presentación de ofertas.
El cronograma oficial prevé que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto a las 9:59.
Ese mismo día, a las 10, se llevará adelante la apertura de sobres mediante un acto público electrónico.
ESQUEMA DE PRIVATIZACIÓN TOTAL
La decisión se enmarca en el proceso de privatización de AySA impulsado por la Ley 27.742 y por el Decreto 494/2025, que declaró a la compañía “sujeta a privatización”.
En los considerandos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo no es solo transferir la titularidad accionaria, sino avanzar en una “transformación de importancia refundacional” del servicio de agua potable y saneamiento.
El esquema definido por el Gobierno contempla, en una primera etapa, la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública. Luego, el remanente accionario podrá comercializarse en bolsas y mercados del país.
La normativa también crea una comisión evaluadora “ad hoc” integrada por funcionarios designados específicamente para analizar las ofertas que se presenten en el proceso.
Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas podrán requerir asistencia técnica y operativa a AySA y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) durante el desarrollo de la licitación. (Fuente: Ámbito)
