En la Cámara de Diputados, desde el Frente de Todos dieron a conocer un proyecto que busca transparentar la «opacidad» del marco jurídico para mejorar el control societario y evitar lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En la Cámara de Diputados, desde el Frente de Todos dieron a conocer un proyecto que busca transparentar la «opacidad» del marco jurídico para mejorar el control societario y evitar lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Legisladores del Frente de Todos (FDT) en la Cámara de Diputados presentaron este miércoles un proyecto de ley de Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), con el que buscan transparentar la «opacidad» del marco jurídico que existe para el sector, de manera de mejorar el control societario y evitar que puedan ser utilizadas en actividades de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La iniciativa lleva la firma del presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y de la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, Paula Penacca.
La iniciativa lleva la firma del presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y de la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, Paula Penacca.
“Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también, combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados”, sostiene la iniciativa en sus fundamentos.
El proyecto establece que las SAS constituidas en el territorio nacional deberán -en un plazo máximo de 60 días corridos- acreditar fehacientemente el domicilio denunciado como sede social y, además, presentar los estados contables correspondientes a los últimos tres ejercicios económicos.
Fija que el incumplimiento de ambos requisitos en el plazo establecido, se tendrán como inactivas a las SAS que se encuentren en falta.
En consecuencia, los registros públicos de cada jurisdicción deberán reportar tal circunstancia a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien en forma automática y como medida preventiva, procederá a suspender la CUIT hasta tanto la SAS regularice su situación.
Además se obligará a los integrantes de las SAS a inscribirse en un registro que dependerá de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación.
También se propone que la inscripción registral controle, no sólo los requisitos formales, sino también los sustanciales, procurando darle mayor transparencia a la constitución de este tipo societario.
En los fundamentos del proyecto afirman que la ley vigente -aprobada en 2017- tiene un «bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”.
También señaló que «la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”. (Fuente: Télam)
