La mesa de enlace se reúne en asamblea con fuertes quejas al gobierno
Convocada por FAA, y con el respaldo del resto de entidades, los productores se convocarán a las 8 en Villa Constitución. Piden medidas para atenuar la crisis por la sequía y cambio en políticas para el sector.
Las entidades que conforman la mesa de enlace agropecuaria participarán hoy de una asamblea convocada por Federación Agraria Argentina (FAA), en reclamo de “políticas públicas adecuadas para los pequeños y medianos productores”, en un contexto donde el sector se ve afectado por la sequía.
La concentración está prevista a partir de las 8 en el cruce de la ruta 90 y la autopista Rosario – Buenos Aires, a la altura de Villa Constitución, donde a partir de las 10 los dirigentes realizarán un acto “para expresar todo lo que necesitamos y detallar los pasos a seguir en esta lucha que ya no podemos demorar más”, indicó FAA en un comunicado.
La asamblea, que se transforma en la primera protesta agraria en este año electoral, fue convocada con un sumario de demandas que incluyen aspectos vinculados con la crisis desatada por la sequía como el pedido de “la suspensión de embargos, exención del pago del impuesto a las ganancias y sus anticipos, la suspensión del bloqueo de cuentas y de los apremios de los bancos, la modificación de la ley de emergencia y la creación de un seguro multirriesgo”, según indicaron en el escrito.
Pero también otras que demuestran el desacuerdo con la política del gobierno nacional, como aquellas que expresan la necesidad de implementar “un plan de eliminación de retenciones, una reforme impositiva integral y la eliminación del diferencial cambiario”, según señalaron los federados. También solicitan “una reparación histórica para las economías regionales y un plan ganadero integral”.
Cabe recordar que las retenciones a la soja, una de las más polémicas, se ubicaron en el 35% entre 2010 y 2015. Luego cuando asumió Mauricio Macri las redujo al 30% y en forma progresiva hasta el 26% en agosto de 2018. Sin embargo, en septiembre de ese año el gobierno de Cambiemos volvió a elevarlas al 30% (18% + 12% o $4 por dólar el que fuese menor).
Al asumir Alberto Fernández eliminó la opción de los $ 4 por dólar y las mantuvo en 30% para productores de menos de 1.000 toneladas exportadas y las redujo a 5% para el girasol También rebajó al 5% y 7% para productos puntuales de las economías regionales.
“Hoy contamos la desaparición de 5.000 productores por año, mientras los que gobiernan solo deciden recaudar de cara al FMI o a las elecciones, negociar con unos pocos grupos concentrados y seguir ganando tiempo”, indicó FAA en el comunicado.
El reclamo fue cuestionado por las distintas instancias de gobierno, tanto nacional como provincial. El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, señaló que “la crisis por la sequía no amerita especulaciones políticas”, al considerar que la protesta llega en un momento en el cual el Estado puso a disposición del sector un conjunto de herramientas de asistencia inédita y los reclamos de la asamblea ya están contemplados en esos beneficios.
Hacía referencia a los beneficios fiscales dispuestos por la Afip para los productores en el marco de la emergencia a través de la resolución general 5324/2023, mediante la cual podrán acceder a la suspensión del anticipo del impuesto a las ganancias y de juicios de ejecución fiscal y de embargos de cuentas corrientes, así como la solicitud de desafectación del cálculo de impuesto a las ganancias para quienes hayan realizado ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía.
También asistencia crediticia a través del Banco Nación con tasas rebajadas a las que tenían los productores al inicio de sus créditos y nuevos financiamientos.
La filial de FAA del sur santafesino, donde se realizará a la asamblea dijo que sus demandas son: devolución de las retenciones cobradas en los últimos 24 meses para productores de hasta 1.000 toneladas que cuentan con más de tres cosechas consecutivas en emergencia; declaración de emergencia en materia de arrendamientos y congelamientos, prohibición de desalojo y refinanciamiento por dos años. (Fuente: La Capital)
