Un fallo judicial desataría la rebelión fiscal en la industria del tabaco
Crece la presión de las tabacaleras santafesinas para lograr una sentencia favorable que les permita no pagar los impuestos mínimos establecidos por ley.
Empresas tabacaleras pymes nucleadas en la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet) amenazan al gobierno santafesino y a la Justicia Federal con despedir a cientos de trabajadores si no les eximen de pagar los impuestos correspondientes.
Unas 50 personas, impulsados desde la empresa tabacalera rosarina Bronway Technology S.A. realizaron este lunes por la tarde protestas con bloqueo frente a la Cámara Federal de Rosario, y decidieron pasar la noche en una suerte de acampe frente a los tribunales locales. Esta manifestación constituye una maniobra de presión que pretende lograr un fallo que legitime el no pago de impuestos.
Voceros de la Justicia local expresaron su enorme preocupación por este «amedrentamiento» a su independencia. Todo esto usando como carnada a trabajadores preocupados por su futuro laboral. El acampe continuaba este martes.
Las protestas pretenden presionar a la Justicia para que les permita no pagar los impuestos mínimos establecidos por ley, atentando así contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en mayo del 2021 revocó una medida cautelar análoga a la solicitada por Bronway en Rosario y las empresas que integran Canet.
Fuentes de la Justicia Federal ya aclararon que a pesar de las continuas presiones sobre los miembros de la Cámara y en concreto sobre la jueza federal Sylvia Aramberri se van a ceñir a los principios federales que dictan las normas y que no van a ceder ante ninguna medida de presión que no se ajuste a los cauces reglamentarios estipulados por la ley argentina.
Toda esta movida de presión es impulsada por Bronway Technology, una empresa que hace muchos años fábrica DVDs, o sea nunca dependió del tabaco para su subsistencia, y que vio una oportunidad impositiva comenzando a operar con posterior a la sanción de las leyes que fijan la forma de tributar. Es decir que ya conocían la ley y el costo de comercializar su producto.
Y el argumento de que ha sido utilizado por otras empresas que obtuvieron resoluciones judiciales similares, oculta que se trata de dos compañías puntuales que tenían un funcionamiento promedio de 20 años previo a la sanción de la ley que cambió las condiciones.
En caso de que la Justicia acepte la cautelar a esta y otras empresas, se abriría un grifo interminable para que se instale cualquier otra empresa nueva que ponga valores inferiores en el mercado, alterando por completo su normal funcionamiento, y exija la misma cautelar para poder operar.
Las empresas de la Canet –que no tienen ningún tipo de representatividad-, y en particular Bronway, son firmas insolventes que tienen deudas millonarias que quieren evitar pagar. Además, pretenden fijar un precio inferior al producto que contradice los fines de la ley, que es desalentar el consumo de tabaco. Especialmente respecto de los de menor poder adquisitivo.
Al ser insolventes, además, no podrían costear planes de luchas contra el tabaquismo, o posteriores juicios ante la posibilidad de ocasionar cáncer de pulmón.
Detrás de todo esto hay en juego fuertes intereses financieros generados mediante el no pago de impuestos. Bronway, por caso, tiene obligaciones en concepto de Impuesto mínimo por unos 28.000 millones de pesos por el año que pasó, y $13.000 millones por 2021. ¿Quién se beneficiaria si no paga este monto y a cambio de qué?
- PRODUCTORES TABACALEROS EN SERIOS PROBLEMAS
Ante esta conflictiva situación los pequeños productores tabacaleros de la zona del del norte del país, que se sienten perjudicados ante tales reclamos irregulares, salieron a criticar dichos comportamientos.
La Federación Argentina de Productores de Tabaco, que nuclea a cientos de agricultores del norte del país, emitió un comunicado donde avala a la Afip y le da su apoyo «por asegurar el cumplimiento de la ley de impuesto mínimo que ordena la recaudación y distribución del Fondo del Tabaco (FET)». Asimismo destacan la integridad e independencia de las instituciones: «Los miles de productores nos sentimos ahora escuchados, después de demostrar con números el enorme perjuicio que generan las empresas cigarrilleras que se manejan al margen de la ley».
De esta forma, los productores tabacaleros de toda la zona del NEA y el NOA quieren proteger su subsistencia, fuente de empleo y no quedar expuestos a compañías que buscan solventarse con el no pago de impuestos.
En las provincias tabacaleras hay 23 mil empleados directos registrados -de los cuales 15 mil son pequeños productores-, y la actividad genera empleo a más de cien mil trabajadores en forma indirecta. Esta federación está representada por trabajadores de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco. (Fuente: La Capital)
