Así lo confirmó el director del área del Defensa al Consumidor de Concordia, Pablo Lapiduz. El funcionario detalló sobre la modalidad que se implementará para poder controlar el programa oficial de precios congelados.
Lapiduz explicó que – entre las acciones contempladas – «estamos haciendo relevamientos de precios, especialmente de las cadenas nacionales de supermercados».
«Son las que – entendemos – están más en condiciones de poder cumplir con el programa», mencionó. Subrayando que «por ahora, en los comercios de proximidad no estamos haciendo inspecciones».
Intimación
Lapiduz destacó que «estuvimos hablando con los gerentes de las cadenas nacionales; quiénes – en general – nos manifestaron su voluntad de cumplir con el listado de precios; salvo una firma».
«Según nos informaron desde de la Dirección Provincial, a esa empresa les van a hacer una intimación en todas las sucursales que tiene en Entre Ríos», informó.
En ese sentido, el funcionario reconoció que «el modelo de esa intimación nos lo están mandando entre este viernes o mañana sábado».
Concretamente, «es la cadena Día, la que tiene cierta resistencia a entrar en este acuerdo de precios o por lo menos dar señales». Las demás, «al menos manifiestan su voluntad de encuadrar tanto los precios como la mercadería que incluye el listado», puntualizó.
Una concejal propondrá que Defensa al Consumidor pase a depender del Concejo Deliberante de Concordia
A raíz de las distintas demandas emitidas por los vecinos de la ciudad, la concejal de Concordia, Cristina Guitar, presentará un proyecto para que “brindar un poco más de equilibrio” al funcionar de la dirección de Defensa al Consumidor.
La edil expresó que el proyecto surge “desde la mirada de que en la ciudad de Concordia no tenemos carta orgánica y tampoco tenemos un censor del pueblo, como hay en otros municipios del país”. Entonces, a raíz de “todo esto que viene surgiendo con las demandas de los vecinos sobre el funcionamiento de Defensa al Consumidor, tal vez el problema esté en el diseño de su estructura orgánica, por lo que podría tener acotada su modalidad de acción”.
Es debido a esto que “propongo que la dirección de Defensa al Consumidor pase a depender del Concejo Deliberante, bajo una modalidad en la que se dirija al defensor de los consumidores mediante tres propuestas o tres pliegos de la oposición y que sea votado por todo el Concejo”.
Así, además, comentó que “su gestión duraría cuatro años pares, no electorales, lo que le daría a esta dirección un poco más de equilibrio” teniendo en cuenta que “hoy depende del ejecutivo municipal”, mientras que “nosotros somos quienes llevamos la voz de los vecinos”.
De esta manera, la concejal adelantó que “esto será presentado en la próxima sesión” y valoró que “es empezar a mover un círculo virtuoso para mejorar, de alguna manera, la acción y la respuesta que pueda tener una oficina de Defensa al Consumidor”.
«Una Dirección de Defensa al Consumidor que no pueda sancionar sólo es burocracia que desgasta»
El concejal oficialista de Concordia, Juan Domingo Gallo, presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Ejecutivo municipal que, a través de la oficina de Defensa del Consumidor, se realicen las gestiones necesarias a los efectos de garantizar el stock y la disponibilidad de los productos congelados a nivel local.
El edil trajo a colación la movida que se hizo oportunamente por el mal servicio en la provisión de internet en Concordia. En aquellos momentos, «nosotros mismos, como representantes del pueblo, nos vimos vulnerados cuando solicitábamos una reunión con las empresas y dos horas antes los de VideoCable te decían que no iban a ir», rememoró.
«Ese manejo por parte de algunas firmas, que se creen intocables y que no tienen que dar respuestas, deja entrever que la parte débil en la relación es el consumidor y necesita que sea protegido», argumentó.
Defensa al Consumidor
Para Gallo, «una Dirección de Defensa al Consumidor que no pueda sancionar – y que tenga que derivar a Paraná para ver si se debe multar o no – es solo para trámites burocráticos que termina desgastando al usuario».
Para el programa oficial de congelamiento de precios – o en casos similares – que «en Concordia tenemos una población de casi 200 mil habitantes, somos el segundo departamento más importante de la provincia y que esa repartición no tenga facultades sancionatorias me parece una burocratización del sistema», remató.
(Fuente: Diario Río Uruguay)
