Negocian la cancelación de más de USD 800 millones a empresas que firmaron Precios Justos
Las empresas que participaron del programa de Precios Justos y que habían suscripto las LEDIV (Letras internas del Banco Central), atadas al valor del dólar, para compensar el impacto no sólo del control de precios sino de la falta de divisas para pagar sus importaciones -funcionó como un seguro de cambio- podrán rescatar esos papeles en las próximas semanas, tras varias semanas de verse imposibilitadas por cuestiones normativas, según anticiparon fuentes oficiales.
Por una exigencia impuesta por el ex titular del organismo monetario, Miguel Pesce, a fines de noviembre, las compañías debían contar con un certificado de cumplimiento del programa que la Secretaría de Comercio no estaba en condiciones de otorgar, lo que generó la imposibilidad de que estas compañías pudieran hacerse de los pesos para afrontar distintos gastos. La nueva gestión detectó que se trata de una deuda de USD 835 millones y está definiendo la forma de normalizar la operatoria. Son más de 50 las firmas que se encuentran hoy sin poder rescatar sus letras.
La comunicación 7829 del BCRA del 26 de agosto estableció la ampliación de las LEDIV a las empresas participantes de Precios Justos como una cobertura que les permita colocar el equivalente en pesos de las SIRAs despachadas pendientes de pago, a un máximo de 180 días. Las letras se liquidarían en pesos al tipo de cambio de referencia del Central del día. Pero como aún no se había devaluado, las firmas no tenían interés en proceder con el rescate. Tras el cambio de gobierno y el salto cambiario del 122%, ahí sí muchas empresas consideraron la venta de esas letras. Pero no fue posible por falta de documentación que asegurase que la empresa había cumplido con el acuerdo de precios.
Ocurrió que Pesce, había incluido, en una comunicación del 30 de noviembre, un mandato para que las empresas firmantes de Precios Justos que tenían stock de LEDIV, antes de requerir su pago ante la entidad financiera correspondiente, debían presentar un certificado otorgado por la Secretaría de Comercio que confirme el cumplimiento del programa. El entonces secretario del área, Matías Tombolini, se resistió a otorgar un documento de esas características y si bien les brindó a las empresas una especie de consentimiento de que, a la fecha, no tenían registradas sanciones, eso no les sirvió para poder cobrar las letras.
La nueva gestión se encontró con este inconveniente y está buscando resolverlo. Según las fuentes consultadas, está circulando por Comercio una resolución para exigirle a las empresas que firmaron el programa de precios que presenten una declaración jurada de que cumplieron con el acuerdo, ya que no está en condiciones la Secretaría de poder emitir un comunicado fehaciente que acredite que la firma cumplió o no. Con la declaración jurada, se les liberaría el pago. Y con esos pesos la empresa podrá destinarlo a efectuar pagos o suscribir, si lo desea, el nuevo título en dólares (Bopreal) diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del organismo monetario, Santiago Bausili, para darle una respuesta a la deuda que los importadores tienen con los proveedores del exterior y que asciende a USD 50.000 millones.
“Desde el primer día aclaramos que los términos de los contratos se van a respetar; si los quieren monetizar, podrán hacerlo. El Bopreal es de suscripción voluntaria”, afirmaron en el BCRA, en relación con el rescate de las LEDIV.
Son más de 50 firmas de varios rubros, entre las que se incluyen supermercados, firmas de consumo masivo, de electrónica y algunos retails, entre otros. Vale recordar que el gobierno anterior no sólo había avanzado con acuerdos de precios con alimenticias y firmas de cosmética, tocador y limpieza, sino también con empresas de electrodomésticos, de hogar y construcción, calzado deportivo, indumentaria, celulares, casas de deporte, electro y línea blanca, motos y bicicletas. No todas suscribieron los títulos; de hecho, algunas multinacionales tienen prohibido invertir en ese tipo de instrumentos.
Hoy el principal problema que aqueja a todas las empresas es cómo hacer para poder girar dólares a sus proveedores del exterior para que les vuelvan a embarcar mercadería. Si estas firmas mencionadas vendiesen las LEDIV, ¿qué harían con esos pesos, si no pueden acceder al MULC, y si acceden al CCL luego se los penaliza en el mercado oficial por 90 días? Tampoco les serviría suscribir los Bopreal, ya que por ahora no observan demasiados beneficios. Necesitan los dólares para pagar al menos parte de la deuda contraída con el exterior. De lo contrario, varias empresas -las que no puedan seguir teniendo crédito de sus acreedores- incurrirán en problemas de abastecimiento más graves de los que ya hoy están padeciendo.
Por otra parte, la solución que el BCRA le ofreció a los importadores para ir pagando el flujo de las nuevas importaciones generó mucha preocupación, ya que a la mayoría de los sectores les cabe, según la norma, el pago en cuotas entre los 30 y los 120 días desde la nacionalización de la mercadería (25% cada 30 días). Y ello implica no sólo que deberán pagarlo de a partes, sino que no habrá cancelaciones inmediatas, excepto para el sector de combustibles. Y lo que sucede es que muchas empresas, con la deuda que acumularon, deben necesariamente que efectuar algún pago para poder retomar las operaciones, especialmente las pymes. O las grandes que tienen deuda con proveedores que no son las casas matrices.
“El objetivo es que haya una distribución equitativa entre el stock de deuda y el flujo. Una alternativa es que, si suscribís el bono largo te dejen acceso al MULC por una parte de la deuda”, dijo un empresario del sector de la electrónica, quien agregó, por otra parte, que el título tiene que ser atractivo para que tenga éxito y su paridad sea alta. Por ejemplo, dijo, “tiene que tener una tasa de interés atractiva, amortizaciones parciales, ley extranjera y que sirve para pagar impuestos”. (Fuente: Infobae)
