La Justicia abrió el concurso preventivo de Molino Cañuelas, por una deuda de U$S 1.500 millones

La jueza María Martínez de Alonso, de Río Cuarto, declaró este jueves la apertura del concurso preventivo solicitado por la Compañía Argentina de Granos SA (Cagsa) y por su garante Molino Cañuelas Sacifia.

“El concurso preventivo se abre porque se comprobó objetivamente el estado de cesación de pagos de la empresa; es decir, que no puede hacer frente a sus obligaciones exigibles. Durante este proceso, se tratará de encontrar soluciones junto con los acreedores para evitar la quiebra”, señala uno de los fallos emitidos por Martínez de Alonso el jueves.

Si bien el monto a renegociar no se menciona en la causa, se pudo establecer que se trata de un pasivo de 1.500 millones de dólares, que en su gran mayoría se adeuda con bancos a los que les fueron solicitados préstamos nominados en esa moneda y que las empresas del grupo empresario de la familia Navilli, oriunda de Laboulaye, no pudo abonar en tiempo y forma.

En la central de deudores del Banco Central, Molino Cañuelas y Cagsa figuran con pasivos en grado 4 (alto riesgo de incobrabilidad) y 5 (incobrables) por casi 44.000 millones de pesos. Sin embargo, no figura con deudas de cheques rechazados con proveedores.

En los extensos considerandos tomados en cuenta por la jueza para aceptar el pedido de apertura del concurso de acreedores, un aspecto que subraya Molino Cañuelas es que los préstamos tomados por la compañía están denominados casi en su totalidad en dólares estadounidenses, y que por eso no pudo eludir una situación crítica ante una devaluación del 1.109 por ciento del tipo de cambio, ocurrida entre el 30 de junio de 2015 y el 31 de julio del corriente año.

“El impacto sobre la posición neta de activos y pasivos en moneda extranjera originó una pérdida por diferencia de cambio de 3.335 millones de pesos y 19.109 millones de pesos en los ejercicios finalizados el 30 de noviembre de 2020 y 2019, respectivamente”, señala como uno de los argumentos.

Disposiciones

De los fallos redactados por la juez riocuartense se desprende que Cagsa es la que entra de manera prioritaria en concurso de acreedores, pero que Molino Cañuelas, como garante de Cagsa, sigue el mismo camino.

Por eso la causa se tramita en Río Cuarto, donde está la sede social de Cagsa, mientras que Molino Cañuelas tiene jurisdicción en la provincia de Buenos Aires.

Molino Cañuelas es una de las industrias alimentarias más grandes de Argentina: entre otras marcas, fabrica y comercializa la harina Pureza, las galletitas Paseo y 9 de Oro, y el aceite Cañuelas. Cagsa, por su parte, es una de las mayores empresas originadoras y acopiadoras de granos de Argentina. En conjunto, emplean de manera directa a más de tres mil personas y operan 15 plantas industriales.

Martínez de Alonso, además de aceptar el pedido de abrir el concurso preventivo, dispuso la inhibición general de los bienes registrables de estas empresas y libró oficios ante la Policía Federal, la Policía de Córdoba, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección Nacional de Migraciones, la Prefectura Naval y la Gendarmería nacional, para que “tomen razón” de que los integrantes de los órganos de administración y representación social de Molinos Cañuelas y de Cagsa solo pueden salir del país por 40 días, previa comunicación por anticipado al tribunal, o deben pedir autorización si su estadía en el extranjero superará ese plazo.

Estos oficios abarcan a Aldo Adriano Navilli, Carlos Adriano Navilli, Ricardo Alberto Navilli, Marcos Aníbal Villemur, Daniel Héctor Ercoli y Marcelo Cristian Gaitan.

Asimismo, la jueza estableció como fecha límite el 11 de marzo del próximo año para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes.

Fundamentos

Un total de 67 páginas tiene el fallo de Martínez de Alonso correspondiente al Molino Cañuelas en el que se expone la situación que atravesó la firma hasta llegar a esta situación crítica.

En general, son explicaciones bien detalladas de los argumentos generales que esgrimió la compañía hace 20 días, cuando anunció su decisión de pedir la apertura del concurso preventivo.

En aquel entonces, el grupo Navilli sostuvo que el fuerte plan de inversiones que llevó adelante en la última década se iba apalancar en la obtención de financiamiento a través de mercados bursátiles locales y del exterior, pero que la alta volatilidad hizo desistir de esta idea.

Luego, “las sucesivas crisis económicas vividas por nuestro país, donde solo durante el 2018 el peso se desplomó más del 50 por ciento contra el dólar, obligaron a la empresa a postergar el pago de ciertos compromisos e iniciar un proceso privado de reperfilamiento del total de su deuda financiera”, mencionó Cañuelas.

En 2019, se conformó un Comité de Acreedores con el que se había alcanzado un principio de acuerdo, pero luego la abrupta devaluación tras las elecciones de 2019 y la posterior crisis mundial por el Covid “provocaron un nuevo e inevitable cambio de escenario para todos los participantes de la restructuración, e incluso hizo que algunos bancos decidieran suspender su participación en dicho Comité, alejando la posibilidad de obtener un acuerdo definitivo”.

“Por tal motivo y con el fin de asegurar la continuidad de sus actividades productivas propias de una industria esencial, proteger a sus más de 3.000 trabajadores, sus activos y los intereses de los propios acreedores, Molino Cañuelas, en conjunto con Cagsa, debió presentarse en concurso preventivo de acreedores”, insistió la empresa.

La causa

Los estudios jurídicos cordobeses que llevan adelante el caso son Clodomiro E. Carranza y Ortega, Palazzo & Cafure, con la participación además del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore y Montemerlo de Buenos Aires.

De acuerdo con los abogados locales, es una causa histórica para Córdoba, ya que representa el aporte más grande hecho en los Tribunales, superando incluso a una causa emblemática como la sucesión de Juan Manubens Calvet.

A modo comparativo, representa más de un presupuesto anual de la Tasa de Justicia de todos los juicios que ingresan al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

También es el aporte más grande en la Historia de la Caja de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba y representa un presupuesto anual de la totalidad de aportes que hacen todos los abogados de la provincia en un año calendario.

(Fuente: La Voz)