“Magistrados que no quieren pagar Ganancias se escudan en la intangibilidad, en que no pueden ejercer otra actividad y aducen que el artículo que suprime el privilegio de la exención es un ‘apriete’ contra la independencia del Poder judicial: ¿El bolsillo es su costado vulnerable? Qué poco valor, qué escasa conciencia democrática, que por unos pesos menos dejarían de ser independientes”, afirmó el ex titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Masarotti.

Masarotti difundió una columna de opinión en la que da su postura en relación al debate sobre el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de quienes integran el sistema judicial.

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“Juan es chofer de camiones, no deja el volante ni en horarios extraños, ni feriados. Pasa días lejos de su familia y no le da el tiempo para tener otra actividad.

María es profesional independiente, responsable inscripta. Por su actividad, sus horarios no son fijos.

José es jubilado, llegó a un puesto jerárquico y percibe algo más de ocho jubilaciones mínimas (hoy, unos $346.816) desde donde se paga.

Ellos entran en la cuarta categoría del impuesto comúnmente conocido como “a las ganancias”. Y  lo pagan porque cobran unos pesos más, una vez hechas las deducciones que permite la ley, del piso que en noviembre será de $330.000.

Obviamente las empresas pagan ganancias.

Excepto los ingresados desde 2017, los miembros de la judicatura no pagan dicho impuesto. (En el mismo ámbito conviven desiguales condiciones impositivas aunque la tarea sea la misma).

Cuando los sindicatos dijeron el “salario no es ganancia”, el Poder Judicial miró para otro lado. Cuando el tema se judicializó, corroboraron el impuesto.

Felipe, empleado público, tuvo una detracción del 15% de su sueldo, recurrió al Poder Judicial y éste convalidó ese descuento con el argumento que se hizo en un marco de emergencia, generalizado y que ese porcentaje no era confiscatorio y no vulneraba el derecho de propiedad.

Magistrados que no quieren pagar ganancias se escudan en la intangibilidad, en que no pueden ejercer otra actividad y aducen que el artículo que suprime el privilegio de la exención es un “apriete” contra la independencia del Poder judicial.

¿El bolsillo es su costado vulnerable? Qué poco valor, qué escasa conciencia democrática, que por unos pesos menos dejarían de ser independientes. Creo que muchos de ellos son dignos y no caerán en este menospreciable argumento.

Habrá que compatibilizar una adecuada y justa interpretación de la intangibilidad con el principio de igualdad ante la ley como base de las cargas públicas y más profundamente como cimiento de la organización social.

La intangibilidad, correcta y razonable, no debe caer en un privilegio cortesano.

Es válido discutir a partir de qué monto un ingreso es lo suficientemente importante como para pagar un impuesto, es válido también promover una profunda reforma impositiva para que haya progresividad, que no se deje lugar a la elusión, etc.

Hoy, más allá de las discusiones válidas que hay que hacer (y desbrozando las leguleyas que escamotean las cuestiones centrales), estamos frente a la emergencia de las secuelas de la pandemia sanitaria y de la deuda eterna que nos cargó por generaciones el señor Macri y Cía., -entre otras cosas-.

Cuando pienso en el principio constitucional de igualdad ante la ley, me vienen a la memoria aquellas estrofas de Arturo Jauretche: “Hasta que un día el paisano acabe con este infierno, y haciendo suyo el gobierno, con solo esta ley se rija: o es pa’ todos la cobija, o es pa’ todos el invierno”.

(Fuente: APF Digital)