Ocho directivos de la sociedad de Bolsa Guardati Torti SA serán imputados en una audiencia convocada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el marco de una causa en la que se los investiga por administración fraudulenta.

La audiencia imputativa se realizará al mediodía, luego de que el juez Alejandro Negroni rechazara el pedido de los representantes legales de la sociedad de Bolsa, que está en concurso de acreedores, para que un magistrado le imponga a un fiscal que no impute a los responsables de la primera por falta de delito. La situación generó una controversia porque el fiscal a cargo sostiene que ningún juez puede frenar imputación de un delito, que es la atribución natural que tiene el Ministerio Público de la Acusación (MPA), órgano al que pertenecen los fiscales.

Los defensores de esa sociedad cuestionaron al juez Nicolás Vico Gimena por autorizar “inválidamente” el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de las cajas de seguridad existentes en las entidades bancarias y financieras de las personas que integran la compañía de Bolsa.

El incidente investigado se conecta a la crisis financiera del grupo agroindustrial Vicentin, que arrastró en febrero del año pasado a la corredora de cereales Guardati Torti, titular del acopio GYT Plus SA, que entonces anunció su dificultad para afrontar el “cumplimiento temporario de las obligaciones asumidas” con sus inversores.

Según el fiscal Sebastián Narvaja la empresa GT SA es una sociedad de Bolsa (técnicamente denominadas ALyC) que tenía como clientes a cuentacomitentes que invertían allí sus ahorros en opciones como bonos, acciones u otras variantes. A la vez los mismos socios tienen una acopiadora de granos y corretaje llamada GYT Plus SA.

Cuando se produjo la cesación de pagos de Vicentín GyT Plus fue arrastrada por el incumplimiento. Según Narvaja lo que hizo ante ese descalce fue mantener la posición en el mercado de granos, pagando a los productores por el cereal entregado con el dinero de los inversores de la sociedad de bolsa. Eso implicó, de acuerdo a la acusación, que para cubrir las urgencias financieras de una empresa cerealera se utilizó el dinero de ahorristas de una sociedad de Bolsa que es una empresa técnicamente distinta. Los inversores de GT SA hasta la fecha no cobraron sus acreencias. Cuarenta de ellos denunciaron a Guardati Torti por ello.

Los defensores de la empresa denunciada sostienen que en más de un año fueron presentando una batería de evidencias desincriminantes respecto al accionar de Guardati Torti. Que todos los libros quedaron a disposición por los allanamientos al igual que toda la documentación requerida. Que la sociedad bursátil GT SA se presentó a concurso y fue rehabilitada para funcionar en la Bolsa, a la vez que tiene dictamen favorable por la sindicatura del concurso para ser reincorporada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como agente de negociación.

Pero el fiscal Narvaja aduce que frente a las dificultades de la investigación, la misma CNV denunció a GT SA por administración infiel de los fondos de los inversores, razón por la cual citó para hoy a audiencia imputativa en libertad a los ocho integrantes del directorio de la sociedad bursátil, a fin de adjudicarles ese delito.

Serán imputados Angel, Juan Carlos, Natalia, Laura y Martín Guardati; Noemí Ponte, Susana Alesandrini, y Gustavo Rossi.

El fiscal Narvaja sostiene que haber tomado dinero de los inversores una sociedad bursátil para afrontar compromisos de la corredora de granos fue una acción dolosa y que eso debió ser realizado en última instancia con el patrimonio personal de los socios. Las defensas en este caso aducen que las dos empresas están concursadas frente a la crisis presentada y que no existió delito en el accionar de GT SA ni tampoco en sus socios ni directivos.

En uno de los allanamientos de junio pasado la policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros y varias municiones sin registrar, por lo que su ocupante, presidente y principal accionista de la sociedad, Angel Torti, quedó momentáneamente demorado, informaron entonces los voceros de la Agencia de Investigación Criminal.

Torti renunció en febrero de 2020 a su cargo de vocal en la Bolsa de Comercio de Rosario luego de que la sociedad que preside y que opera en el mercado de valores se declarara en cesación de pagos. (Fuente: La Capital)